La condena se centra en la acusación de que Bolsonaro encabezó un acuerdo entre funcionarios y civiles para orquestar el derrocamiento de instituciones, motivado por su derrota en las elecciones presidenciales. El fallo reconoce la gravedad de los hechos, tipificados como atentado contra el Estado constitucional, y determina que el ex mandatario pretendió burlar la decisión electoral y continuar en el poder contraviniendo la Constitución brasileña.