En ese sentido, el Gobierno remarca que la medida busca garantizar la continuidad del servicio y el normal funcionamiento del esquema logístico en una de las vías estratégicas del transporte de cargas del país, en un contexto de transición hacia un nuevo sistema de administración y explotación ferroviaria.

En julio de este año, mediante una normativa oficial la Secretaría de Transporte dejó sin efecto la Resolución 211/2021 del entonces Ministerio de Transporte, y se solicitó a la empresa en cuestión que “presente una propuesta de adecuación contractual en los términos del artículo 3° de la ley 27.132 y el artículo 2° del decreto 1027/2018 - texto modificado por el decreto 478/2025 - en virtud de la proximidad del vencimiento de la concesión que opera el 10 de septiembre de 2025″.

Sin embargo, en los artículos que componen la resolución, aclararon que es necesario poder contar con una alteranativa para adecuar las bases del convenio y que esta propuesta cuente con el acuerdo de las partes intervinientes para “posibilitar la mayor concurrencia posible de interesados en el sector ferroviario indicado”.