La respuesta oficial ante estas denuncias se mantiene invariable. Funcionarios como el dictador Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab insisten en que las detenciones obedecen a delitos comunes, desestimando la existencia formal de presos políticos. No obstante, la ONG sostiene criterios asociados a estándares internacionales, que consideran la participación política y la protesta social como elementos determinantes para definir la naturaleza de la detención.