El reconocimiento no es un gesto aislado. En 2008, Managua ya se había plegado a Moscú al avalar la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, regiones separatistas de Georgia bajo tutela rusa. En 2014, Ortega también respaldó la anexión de Crimea, que gran parte de la comunidad internacional consideró ilegal. En julio de 2024, el gobierno sandinista fue incluso más lejos, al declarar formalmente que Donetsk, Lugansk, Kherson y Zapozhzhia son territorios rusos.

Estados Unidos observa esta deriva con creciente inquietud. El secretario de Estado Marco Rubio, entonces jefe republicano del Comité de Inteligencia del Senado, advirtió en 2024 que “la presencia militar y de inteligencia de Rusia en Nicaragua constituye una amenaza a nuestra seguridad nacional que debe abordarse”. Washington ya había endurecido las sanciones con la Ley RENACER en 2021, que faculta al Ejecutivo estadounidense a excluir a Managua del Tratado de Libre Comercio centroamericano y a presionar a organismos multilaterales para cortar el financiamiento al país.

La figura de El trasfondo geopolítico es claro: Moscú busca aliados que le den apariencia de legitimidad a sus anexiones y que muestren que no está completamente aislado en el escenario internacional. Nicaragua cumple ese papel con celo. En 2023, Rusia inauguró en Managua un consulado honorario en Crimea, otra región ucraniana bajo ocupación. Y este año, el Kremlin celebró públicamente el decreto de Ortega, agradeciendo “la coherencia de un socio estratégico”.