La ministra Saravia negó que existan presos políticos en el país. Sin embargo, tanto Áñez como Camacho y Pumari han denunciado persecución política, y múltiples informes —incluido el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH— advirtieron sobre la necesidad de garantizar juicios imparciales. El gobierno se aferra a ese mismo informe para sostener sus procesos, omitiendo que las recomendaciones también señalaban el abuso de la justicia como herramienta de revancha.

Camacho, por su parte, lleva más de dos años detenido en la cárcel de Chonchocoro, en el Altiplano, acusado de “terrorismo” por encabezar las protestas cívicas de 2019. Su excarcelación parcial llega en un momento en que el MAS atraviesa una debacle electoral: en la primera vuelta presidencial de agosto, su candidato apenas superó el 3% de los votos, la peor derrota en dos décadas de hegemonía oficialista.