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6 de agosto de 2014

Constatan desmontes ilegales en San José de la Dormida

Los inspectores de Policía Ambiental encontraron a un grupo de hacheros interviniendo el bosque nativo.

Alertados por un reciente informe de la ONG Güyra Paraguay, acerca de un desmonte selectivo en inmediaciones de la localidad de San José de la Dormida, los inspectores del cuerpo de Policía Ambiental -dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos- llegaron hasta un campo ubicado a 20 kilómetros al sudeste de esa localidad del departamento Tulumba, para constatar “in situ” esta infracción.

En ese establecimiento rural, se constató la presencia de un grupo de hacheros interviniendo el monte nativo en una superficie aproximada de entre 40 y 50 hectáreas, se informó mediante un comunicado. 

"Amparados por la Ley Provincial N° 10115, que habilita a los inspectores a actuar en flagrancia, es decir sin necesidad de contar con una orden de allanamiento, ingresaron al campo por la tranquera, para realizar el operativo correspondiente. En el lugar constataron la presencia de un encargado más cuatro hacheros provenientes de la provincia de Santiago del Estero, quienes, en condiciones deplorables, trabajan en el desmonte selectivo", agrega el comunicado.

Se encontraban cortando los árboles más bajos "con la intención de sembrar pasturas en ese terreno, para luego incorporar ganado vacuno".

Además, "se pudieron relevar tareas de rolado que aplasta la vegetación arbustiva autóctona y la extracción de leña".

Sanciones

El campo donde se realizó el operativo de la Policía Ambiental, no estaba autorizado por el Área de Bosques dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, para realizar este trabajo y por eso se labró un acta de constatación del campo, el precintado de las maquinarias utilizadas (dos tractores con sus respectivos acoplados y un compresor) y se notificó al responsable de la intervención.

También se procedió a la clausura del campo y se dio aviso a la Departamental Tulumba de la Policía de la Provincia, para la custodia de los elementos secuestrados, que posteriormente fueron traídos a Córdoba al depósito de la Policía Ambiental.

A través del acta que confeccionan los inspectores se inició un expediente y se notificó al infractor, quien tiene 5 días hábiles para la presentación de su descargo.

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