A grandes rasgos, aquel presupuesto para este año que naufragó en el parlamento preveía una regla fiscal que recortaría distintas partidas en caso de contingencias, lo que dejaba solo a las jubilaciones fuera de la discrecionalidad, que continuarán con una fórmula mensual indexada a la inflación. El Gobierno no tiene margen, en ese gasto, para aplicar variaciones a voluntad.

El argumento central es que el presupuesto debe asegurar equilibrio fiscal como única vía para sostener la estabilidad. “En tanto el escenario macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal”, establecía el resumen del proyecto que elaboró el Ejecutivo el año pasado. “En caso de que el crecimiento del nivel de actividad genere una recaudación mayor a la estimada, el excedente de estos recursos se destinará a la baja de impuestos”, añade.

En ese contexto, estimaciones hechas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el 78,1% de los recursos habrían quedado “intocables” bajo esta regla, mientras que el 21,9% restante, una clasificación que incluía programas sociales, subsidios, transferencias a provincias y bienes y servicios podrá ser ajustado.