“En su carta, la República argumenta que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en ‘posesión, custodia o control’ del requerido, y la República Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios”, dijeron desde la PTN.

“Los demandantes no demostraron que Argentina tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los actuales funcionarios del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de exfuncionarios. Por el contrario, la legislación argentina establece claramente que ‘son propiedad exclusiva de sus dueños’, no del gobierno como empleador. La Constitución Argentina (artículos 17-19) y su Corte Suprema declaran dicha propiedad privada ‘inviolable’ en ausencia de una sentencia contra un propietario individual”, detalló el escrito.