Como definición, la deuda flotante es el nombre que suele dársele a los pagos atrasados del sector público y que algunos analistas consideran una fuente “alternativa” de financiamiento. El programa económico acordado con el organismo incluye métricas concretas para ese tipo de pasivos. El límite es de 6,3 billones de pesos, aunque no es comparable con el número de 3,2 billones publicado por la Tesorería General de la Nación.

En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.

La cuestión fiscal es, para el Gobierno, el ancla principal de política económica. Así, el Palacio de Hacienda se planteó una meta más exigente que la estipulada en el acuerdo con el FMI, como mensaje al mercado de que será aún más ortodoxo en esa materia y para evitar por esa vía una fuente de tensión financiera o cambiaria.