El Ministerio detalló que la agencia tendrá la responsabilidad de “fiscalizar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional para garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad de los usuarios”. Además, podrá “aplicar sanciones ante irregularidades de servicios públicos de transporte automotor y concesiones ferroviarias y viales”, así como promover acciones civiles o penales ante los tribunales en materia de transporte.

Entre sus funciones, el organismo podrá “percibir y fiscalizar el cobro de tasas, derechos y aranceles por el control y fiscalización” y tendrá la potestad de “suspender o caducar los permisos y licencias otorgados”. También intervendrá en la regulación del acceso abierto ferroviario: “Resolverá conflictos que surjan de la modalidad de acceso abierto dentro del sistema ferroviario” y fiscalizará la ejecución de programas de mantenimiento de infraestructura ferroviaria y material rodante.

El comunicado remarcó que “cada provincia mantiene su autoridad para establecer sus propias leyes y reglamentos en materia de tránsito”, aunque la Secretaría de Transporte elaborará “normas y recomendaciones generales para la mejora del sistema en todo el país y para la articulación entre distintas jurisdicciones”.