Estos cambios se conocen en el marco de una serie de modificaciones a la estructura del Estado, que ya habían sido adelantados por el Gobierno. De hecho, en la tarde del lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional. Para avanzar con los últimos cambios, el Poder Ejecutivo acudió a la aplicación de la Ley 27.742, que lo faculta de poder modificar, transformar o liquidar fondos fiduciarios públicos según condiciones legales y administrativas “de conformidad con las reglas que allí se establecen y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable”.

El FFFIR, creado por la Ley 24.855, tenía como función principal asistir financieramente a provincias y al Estado Nacional para el desarrollo de obras de infraestructura económica y social. Sin embargo, una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió una baja aplicación de los recursos del fondo para la concesión de préstamos a provincias y reportó que una parte significativa del dinero se mantenía en plazos fijos, lo que provocó pérdidas por efecto inflacionario.

Así como en otras oportunidades, el Ministerio de Economía asumirá la continuidad de los contratos y convenios vigentes que tenía el Fondo con provincias y con organismos descentralizados, así como los contratos de préstamo con organismos internacionales, hasta que concluya el proceso de liquidación, “pudiendo delegar dicho carácter en una dependencia de nivel de hasta Secretaría”.