“Mañana definimos”, dijo anoche un gobernador peronista, de buena relación con el Ejecutivo, en alusión al acto de hoy del presidente. El viernes, el área de protocolo envió las invitaciones formales a las provincias. El fin de semana, varios gobernadores intercambiaron mensajes para definir si asistir o no a la ceremonia de vigilia del 9 de Julio. Los del PRO y la UCR definieron no ser de la partida. Excusados, en su mayoría, por compromisos previos, como Maximiliano Pullaro, que viajó a Washington y Nueva York en busca de financiamiento de su plan de obras. Incluso, Alfredo Cornejo, el representante de las provincias en el demoradísimo Consejo de Mayo, se justificó por la falta de vuelos y porque ya había organizado el desfile patrio en su distrito.

Es que la vigilia de hoy se da en medio de una suerte de rebelión de los gobernadores que se agruparon en su totalidad, incluido el jefe de Gobierno porteño, para reclamarle al Ejecutivo por un reparto más justo de los recursos coparticipables y la eliminación de casi media docena de fondos fiduciarios que se nutren del impuesto a los combustibles líquidos, y que las provincias quieren recibir directamente para hacerle frente a la caída abrupta de los ingresos que reciben de Nación, que se desplomaron por la recesión económica.

Hasta ayer, nadie del Gobierno se había comunicado con los jefes provinciales para dar una respuesta a los pedidos que, tras las advertencias, terminaron el miércoles pasado a las 19 en la mesa de entradas del Senado. Ayer, se especulaba con que la oposición y los aliados podrían convocar a una sesión para este jueves para avanzar con la actualización de las jubilaciones. Trascendió además que existía una moción de los mandatarios provinciales para que los dos proyectos presentados, de distribución de los ATN -el remante sin repartir ascendía a un billón de pesos- y del impuesto a los combustibles, puedan ser tratados sobre tablas, sin pasar por comisiones.