7 de julio de 2025
Trabajos forzosos y régimen de servidumbre: reparación económica para 18 víctimas de comunidades indígenas

Fue tras un acuerdo homologado por la Justicia de Salta. Las víctimas debían pagar por el único plato de comida que recibían y para tomar agua debían caminar 5 kilómetros. El imputado deberá hacer también tareas comunitarias
El acuerdo, formalizado el pasado 23 de junio pasado, establece el desembolso de un total de 36 millones de pesos, más un ajuste de 500 mil pesos por inflación, suma que será distribuida en partes iguales entre las víctimas. Los pagos fueron acordados de manera escalonada y deberán completarse en un plazo de 90 días.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal, expuso los términos de la reparación y los elementos que fundamentaron la salida alternativa. A su postura adhirieron el defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, y el abogado del imputado, Juan Martín Crosa, quien manifestó la conformidad de su defendido con las condiciones impuestas.
Las víctimas, integrantes de las comunidades aborígenes El Cañaveral y San Luis, fueron convencidas mediante falsas promesas de empleo en la finca conocida como “Los Chilenitos” o “El Chileno”, ubicada sobre la ruta provincial Nº54, a la altura de La Curva de Juan, en el paraje Tonono.
Se les ofreció realizar tareas de deschampe (limpieza de terrenos ya desmontados) a cambio de 8.000 pesos por hectárea trabajada. Una vez trasladadas al lugar en una camioneta Toyota, las condiciones se revelaron completamente distintas: alojados en campamentos improvisados con plásticos, sin acceso adecuado a alimentos ni agua potable, y expuestos a temperaturas cercanas a los 50 grados, eran forzados a cumplir tareas extenuantes con herramientas rudimentarias.La fiscal Orsetti detalló que ninguno de los trabajadores recibió pago alguno, y que, al intentar reclamar lo acordado, fueron intimidados por Erazo. Impedidos de retirarse, planearon una huida conjunta luego de que uno de ellos sufriera complicaciones de salud. En la noche del 18 de diciembre de 2023, tres de los obreros lograron escapar y, tras varias horas de caminata, llegaron hasta una comunidad cercana, donde finalmente fueron auxiliados.
Ese mismo día, una denuncia anónima a la línea 145 del Programa de Rescate de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación permitió poner en marcha un operativo de rescate en el que intervino Gendarmería Nacional. Durante el procedimiento se constataron las condiciones denunciadas y se avanzó con la imputación penal de Erazo.Al justificar la vía de la reparación, Orsetti remarcó que, aunque la acusación es sólida y existe una alta probabilidad de condena, los caminos tradicionales de la justicia civil podrían resultar infructuosos para las víctimas. “No tengo mucha certeza”, dijo al referirse a las posibilidades efectivas de una indemnización posterior. En ese sentido, citó el inciso 6 del artículo 6 del Protocolo de Palermo, que obliga a los Estados parte a garantizar mecanismos de reparación para quienes fueron objeto de trata.
El defensor de víctimas, Nicolás Escandar, respaldó la solución alcanzada, subrayando que “no se percibe como impunidad”, ya que el proceso penal podría reactivarse en caso de incumplimiento. También recordó casos similares donde la vía civil, como en el decomiso de una vivienda por una condena de 14 millones de pesos a líderes espirituales de un culto Umbanda, no permitió materializar la reparación económica por la insolvencia de los responsables.