Porque más allá del veredicto que el pueblo de Colombia emita -sobre las cualidades o ausencia de ellas en la administración de Gustavo Petro- existe un marco constitucional que fija el comienzo y el fin de su mandato. Mantener ese orden constitucional es esencial para el fortalecimiento de la democracia colombiana.

La conducta cívica de los colombianos a la hora de perfeccionar textos constitucionales ha pagado dividendos democráticos.

Una remoción de Gustavo Petro en estos momentos sería un veneno mortal para la democracia colombiana. Porque si uno analiza bien las encuestas sobre el liderazgo y mandato de Gustavo Petro, se encuentra mucho descontento entre sus propias filas que son los estratos D y E. Sin embargo, este descontento se atribuye a la incapacidad de Gustavo Petro de imponerse a los sectores conservadores de la política colombiana, no a su incompetencia. Aún más, esos mismos sectores consideran que la sucesión de Petro debe tratar de alcanzar las metas de democratización, inclusión y desarrollo social que resultaron imposibles para Petro.