3 de julio de 2025
Democracia simulada, autoritarismo y poder feudal: un informe internacional alertó sobre la situación en cuatro provincias del norte argentino

El estudio, elaborado por el periodista y consultor en defensa y seguridad Douglas Farah para el Instituto Interamericano para la Democracia, hace foco en la realidad social y política de Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca
“Muchos académicos argentinos han trabajado el concepto de provincias feudales. Lo que intentamos fue poner esa realidad en un contexto regional e internacional más amplio, cruzado por el avance del crimen organizado transnacional”, inició Farah su exposición. A su vez, explicó que América Latina atraviesa un momento decisivo: “Ya no se trata de izquierda o derecha. Se trata de democracia participativa o autoritarismo agnóstico, que toma la forma que sea necesaria para quedarse en el poder. Maduro no es socialista, es madurismo; Ortega no es sandinista, es orteguismo. Y lo mismo vemos en los caudillos argentinos: su única ideología es la permanencia en el poder a toda costa”.
“Estas provincias han recibido más fondos del gobierno nacional que muchas otras, pero siguen entre las más pobres del país. Eso indica que hay condiciones sociales y económicas ideales para la cooptación del territorio por parte del crimen”, alertó Farah.
Además, plantea que “en Formosa, más del 90% del presupuesto proviene del gobierno nacional, y el 68% de la población empleada trabaja para el Estado. Esta dependencia económica permite a Insfrán controlar el acceso a empleos, servicios y derechos fundamentales”.
A su vez, menciona que “la provincia está atravesada por rutas del narcotráfico, trata de personas, contrabando y tráfico de armas. La frontera con Paraguay, altamente porosa, facilita estas actividades ilícitas con poca o ninguna intervención estatal”.Además, sostiene que “la provincia es un nodo clave del narcotráfico en Argentina, con pistas clandestinas activas, puertos fluviales de uso privado y denuncias de complicidad policial en actividades criminales. El aparato judicial rara vez investiga estos vínculos”.
En cuanto a Santiago del Estero, señala que está gobernada desde 2005 por Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Ledesma Abdala, alternando entre el Ejecutivo y el Senado. “El poder está concentrado en una estructura familiar cerrada, con fuerte apoyo nacional”, señala el periodista, y agrega: “El poder judicial ha sido instrumentalizado como herramienta de persecución y despojo. La provincia ha registrado más de 300 casos documentados de apropiación violenta de tierras rurales con complicidad judicial y policial”.A su vez, sostiene que “a pesar de sus altos niveles de pobreza, la provincia exhibe proyectos faraónicos —aeropuertos, estadios internacionales, centros culturales— utilizados como propaganda del poder. El uso discrecional de fondos nacionales es parte del modelo de dominación”, y que “Santiago del Estero es una zona clave en la ruta del narcotráfico, especialmente a través de la Ruta Nacional 34, utilizada para trasladar cocaína desde Bolivia hasta Rosario y los puertos del Atlántico”.Por otro lado, Farah destaca que “la provincia es clave por su riqueza en litio” y que existen más de 14 proyectos de explotación en marcha, incluyendo el estratégico Salar del Hombre Muerto. ”El acceso a licencias mineras se maneja con total opacidad”, cuestiona. Además, el informe advierte que “la corrupción en torno a las concesiones mineras es estructural, con riesgo de favoritismo y beneficios indebidos para empresas cercanas al poder”. Por último, detalla que “la frontera con Chile es utilizada históricamente para el contrabando, y también existen denuncias de tráfico de personas con fines de explotación sexual y trata laboral”.
A modo de conclusión, Farah subrayó durante su discurso en la Universidad Austral que los marcos teóricos tradicionales ya no alcanzan para entender la amenaza: “No podemos seguir analizando estos fenómenos con los lentes de Pablo Escobar o los carteles de los años ‘90. El modelo actual es mucho más sofisticado, replicable, y económico-racional. Lo que buscan los grupos criminales es impunidad. Y en estas provincias, el riesgo de operar es cero”.