2 de julio de 2025
El Gobierno le pidió a la jueza Preska la suspensión del fallo por YPF y no aceptará negociar con los demandantes
El Poder Ejecutivo pidió ante la justicia de Nueva York una medida cautelar para evitar la ejecución de la sentencia y apelará en los próximos días. La Casa Rosada aspira a estirar los tiempos durante varios meses y cree que el valor del juicio es mucho menor a los USD 16.000 millones
>El Gobierno pidió esta tarde a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que busca forzar el pago del juicio por la expropiación de YPF y busca estirar los plazos jurídicos durante algunos meses para evitar la ejecución de la sentencia y revertir la demanda en segunda instancia. En los próximos días, además, hará la presentación formal de apelación.
La Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa ante demandas contra el Estado, pidió esa cautelar (un recurso llamado stay en la legislación norteamericana) para ganar tiempo en el juicio, pero se guarda una última carta en caso de que Preska no acceda a esa solicitud: pedirá la suspensión directamente a la corte de apelaciones, es decir a la segunda instancia.
En el Gobierno trabajan con una hipótesis de máxima que es conseguir que la ejecución de la sentencia, ordenada a través de la entrega de las acciones que el Estado tiene en YPF, se estire hasta que termine todo el proceso de apelación en segunda instancia. Si eso fuese posible, la Casa Rosada ganaría varios meses de espacio para evitar un incumplimiento abierto del fallo. Una solución menos favorable sería que los tiempos se estiren al menos los 90 días que requiere la presentación de los documentos de apelación.
El proceso por el caso YPF seguirá por las dos vías ya conocidas: por un lado, la cuestión de fondo, sobre si estuvo bien realizada la operación de expropiación de la petrolera en 2012. La jueza determinó que la oferta hecha a Repsol por sus acciones debería haber sido extendida al resto de los socios, como el Grupo Petersen. Al no haberlo hecho de esa forma, Preska consideró que hubo una violación al estatuto de la compañía.
Esta cuestión de fondo fue resuelta en esa primera instancia. El proceso de apelación, explican en la Casa Rosada, debería empezar “en cualquier momento”. La defensa argumentará que la jueza se excedió en su jurisdicción y que una sentencia de esa naturaleza implica una “cuestión de gravedad” para el Estado nacional.El eje de ese argumento estará dado en qué fecha tiene que tomarse como referencia para calcular el valor de la acción y, por ende, de compensación a Burford. Otro elemento en consideración es el tipo de cambio: el estatuto de YPF establecía una fórmula expresada en pesos.
Como la justicia norteamericana no puede determinar indemnizaciones en monedas extranjeras, la manera en la que Preska “dolarizó” la sentencia tiene hendijas jurídicas para ser litigada, mencionan en la Casa Rosada. En el Gobierno creen que en el mejor de los casos el valor del juicio podría reducirse a solo “unos cientos de millones de dólares”.
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