1 de julio de 2025
Juicio por YPF: cómo sigue la demanda en EEUU y cuándo el Estado deberá pagar un fallo que ya superó los USD 17.000 millones
La jueza Loretta Preska emitió un fallo que obliga a entregar en 51% de las acciones que tiene en la petrolera de bandera al Burford Capital. El país va a apelar, como confirmó Milei. Opciones y dudas para lo que viene
>¿El Estado argentino va a perder el 51% de las acciones que tiene en su poder de YPF, una de las empresas más importantes del país, locomotora del boom de Vaca Muerta y cabeza de las exportaciones de gas que vendrán?
En 2023, Preska condenó a Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar USD 16.000 millones, cifra que ya sumó USD 1.000 de intereses. A grandes rasgos, la jueza determinó que el gobierno kirchnerista realizó mal el proceso por el cual se le pagó USD 5.000 millones a la española Repsol, operadora de la empresa hasta el momento, Otro hecho muy relevante dentro de este intríngulis judicial sucedió ayer lunes, ¿Y ahora, cómo sigue la causa para Argentina?
Tres párrafos del fallo de ayer:- La jueza está “enojada” con Argentina. No está conforme con los esfuerzos que hace y, eventualmente, quiere que se negocie con Burford. Ninguno de los cuatro presidentes argentinos que atravesaron esta causa, incluido Javier Milei, hasta el momento, se sentaron a entablar algún tipo de negociación –o diálogo– con Burford, ni antes de que tuviera sentencia favorable, ni después. El presidente Javier Milei lo adelantó ayer por la tarde por X: Argentina apelará. Lo hará rápido porque Preska dio 14 días para entregar las acciones.Seguramente con la apelación, la Argentina presentará un “stay”, o un pedido para que quede sin efecto la decisión. Se lo pedirá a la propia jueza o a la cámara de apelaciones y solicitará que no haya embargos. Para hacer lugar a ese pedido, es posible que la jueza exija una garantía, que podría rondar los USD 10.000 millones, según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, y especialista en el caso. La Argentina se negó a fines del año pasado a poner este tipo de garantías: no tiene fondos o activos para hacerlo.
“Para no estar en desacato hay que acatar la orden: pagar USD 16.000 millones o arreglar con Burford. Pero sería ridículo porque está la decisión de la cámara pendiente y también la apelación de la cuestión de fondo”, agregó.
¿Cuándo se paga? “Burford habría cerrado por USD 4.000 con Macri. Ahora hay que sentarse a negociar, pero ellos tienen cada vez más elementos a su favor. Claro, no quieren quedarse con la empresa, quieren cobrar”, señaló otra fuente cercana a la causa.El impacto local inicial fue importante. Las acciones de YPF cayeron hasta 8% en Wall Street, mientras que las de Burford superaron el 20% en Londres. Vale recordar, que en el fallo condenatorio al Estado, Preska dejó afuera a la empresa. O sea, todo el impacto que ésta recibió ayer es por los coletazos indirectos y por estar su nombre involucrado en la causa.
La sentencia empujó de inmediato a una caída para las acciones de YPF en Wall Street, donde el ADR rozó los 30 dólares. Al cierre, con una ligera recuperación de las posiciones, YPF quedó a USD 31,54, con una caída de 5,6 por ciento.Ayer en el mercado financiero se preguntaban sobre posibles impactos de esta decisión en los negocios de YPF, una empresa en expansión que de la mano de Vaca Muerta busca convertirse en un jugador importante del mercado de venta de gas natural líquido (GNL) y que planea exportar desde barcos licuefactores ubicados en Río Negro.
El principal escenario de esta causa es la apelación de Argentina al fallo de primera instancia de Preska. Se supone que la corte de Apelaciones de Nueva York podría definirlo en un año (aún faltan pasos, como presentar los argumentos orales, por ejemplo).Mientras tanto, en el tribunal de Preska hay otras acciones que impulsa Burford, con idea de “hacer ruido” y convencer al Gobierno de que se siente a negociar.
De costado, también influyen algunos movimientos de la política de EEUU. En los últimos días, hubo un tembladeral en la industria de Burford, conocida como litigation funders, o financiación de litigios. Es que un senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, presentó un proyecto de ley para gravar con más de 40% a la actividad. Eso representaba casi el fin del negocio para las compañías del rubro. Era un proyecto paralelo a la “One, big, beautiful bill” de Donald Trump y parece que al presidente de EEUU no le gustó nada. El proyecto habría sido descartado y Tillis, que nunca estuvo alineado con Trump, confirmó que no se presentará a la reelección.
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