1 de julio de 2025
Condenaron a un ex fiscal de Rosario por intervenirle el teléfono a su novia para espiarla

Fernando Rodrigo (43) aceptó este lunes una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En agosto de 2017 se detectó que había engañado a los jueces para hacer la maniobra
Rodrigo, al momento de ser acusado, se desempeñaba como jefe de una de las unidades fiscales de Investigación y Juicio, e intervenía en robo de vehículos que, posteriormente, eran desguazados en desarmaderos. En ese marco, presentó listas de líneas telefónicas para ser intervenidas, ya que, según él, habían sido apuntadas en informes de inteligencia de la Policía de Investigaciones sobre personas sospechadas de esos delitos.
Rodrigo, según la acusación, llegó a obtener de esa forma 183 CD’s con intervenciones telefónicas de su ex pareja, sus padres, hermanos y amigas. Incluso se mencionó en la imputación de que iba a retirar personalmente los materiales a la sede local de la Dirección Nacional de Captación de Escuchas.
La causa cobró impulso el 7 de agosto de 2017, cuando un empleado de Rodrigo detectó que uno de los teléfonos que tenían en la investigación por los desarmaderos de autos era de una compañera de trabajo y denunció a su superior. Eso le valió tener custodia policial por temor a represalias.El 11 de agosto de 2017, cuatro días después de que se desatara el escándalo, el por entonces fiscal general Jorge Baclini lo suspendió preventivamente por solicitud de la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. Antes de que las autoridades analizaran la posible destitución, renunció a su cargo el 25 de agosto de aquel año y el entonces gobernador Miguel Lifschitz se la aceptó.
La condena de este lunes, que contempla la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos adquiere relevancia porque en junio de 2022 llegó a estar entre los ternados para cubrir un cargo como titular de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, según los nombres que había elevado por entonces el procurador general de la Nación Eduardo Casal al Poder Ejecutivo, a través del concurso número 114.