Según informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, el uso indiscriminado de estos artefactos ha causado numerosas víctimas civiles en zonas de combate y áreas residenciales. Las minas no distinguen entre combatientes y no combatientes, y su presencia prolonga el peligro mucho después de que los enfrentamientos hayan cesado. La decisión de Ucrania de abandonar la Convención de Ottawa se inscribe en este contexto de guerra total, donde las reglas tradicionales parecen haber perdido vigencia.

Países vecinos y aliados de Kiev, como Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia, han adoptado decisiones similares en los últimos años, en respuesta a la amenaza percibida de Rusia. Estos estados, que comparten frontera o proximidad geográfica con el gigante euroasiático, han revisado sus políticas de defensa y, en algunos casos, han flexibilizado su adhesión a tratados internacionales en materia de armamento. La tendencia refleja una creciente preocupación por la seguridad regional y la percepción de que los marcos legales existentes no ofrecen suficiente protección frente a un adversario que actúa fuera de las normas.