Silva indicó que si no realizan los controles eficientemente, el Gobierno presentará una acción ante la Justicia. “Vamos a presentar una acción de cumplimiento para que todas las autoridades municipales cumplan (esta competencia) obligadamente, el que no cumple se somete a un proceso por incumplimiento de resoluciones”, advirtió.

En paralelo, los bolivianos vienen enfrentando periodos de escasez de combustibles, lo que provoca largas filas en las estaciones de servicio y perjudica el trabajo de sectores estratégicos, como la agroindustria o el transporte. El país depende de las importaciones (compra casi el 90% del diésel y el 56% de la gasolina que consume internamente) y además lo subvenciona, lo que ha debilitado aún más su economía.

Las proyecciones para este y el próximo año no son alentadoras. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido que las medidas económicas actuales son insostenibles y han instado a las autoridades asumir acciones radicales en el modelo económico, como realizar un ajuste fiscal gradual, una devaluación inicial del tipo de cambio para restablecer la estabilidad macroeconómica, reducir gradualmente los subsidios a los combustibles y controlar el gasto público, entre otras acciones.