2 de junio de 2025
El estado de las rutas nacionales reactivó el reclamo de los gobernadores por la obra pública
Diferentes provincias criticaron la gestión de los caminos que maneja el Gobierno. Piden por arreglos para evitar accidentes y para mejorar el manejo. Mientras, el Ejecutivo trabaja para cerrar Corredores Viales y privatizar 14 mil kilómetros de ruta
>Durante el 2024, el 29% de los accidentes automovilísticos fatales que se registraron en el país ocurrieron en Sin embargo, el presidente Javier Milei ha reiterado en varias oportunidades su búsqueda de implementar un sistema de obras privado para reemplazar al Estado en estas acciones. De hecho, en los últimos días, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció Justamente, según un informe de Chequeado, hasta el mes de mayo de 2025 el Ejecutivo inició solo 18 proyectos de obra pública. En tanto que no se avanzó en el 54% de las construcciones que se comenzaron en la gestión de Alberto Fernández. Esto generó que, desde varias provincias, pongan en el centro de discusión el estado de los caminos nacionales, no solo por la cantidad de accidentes viales, sino por el mal estado de rutas donde circulan automovilistas, camiones de carga y micros de larga distancia. Uno de los que alzó la voz en los últimos días fue Alberto Weretilneck, mandatario de Río Negro, quien criticó el estado de los caminos nacionales y aseguró: “Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias”.
El gobernador rionegrino aclaró que los caminos nacionales “son competencia de Nación” y añadió: “No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos. Lo propusimos. Lo dijimos en todos los tonos. Y lo volvemos a decir: Río Negro no va a usar sus fondos para cubrir la desidia de un gobierno que se borró”.
“Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde. Defendemos a los rionegrinos. Defendemos a nuestra gente. Y tenemos derecho a transitar por rutas seguras. Porque cada vez que salimos a la ruta, salimos a trabajar, a producir, a sostener la economía de este país”, cerró.“Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto”, subrayó el funcionario en relación al trabajo que reclaman a Vialidad Nacional. Además, remarcó que “no es correcto desde lo legal”, pero justificó que la provincia debería accionar en los arreglos: “Si uno prioriza la vida de los santafesinos, yo lo haría”.
En ese sentido, en los últimos días, se conoció que Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que mantiene una buena relación con el Presidente, firmó un convenio para que el gobierno de Mendoza se haga cargo de los vía nacionales que pasan por esa jurisdicción. Todo esto se dio luego del Cornejo señaló que se harán cargo de “235 kilómetros de rutas nacionales de alto tránsito y vital importancia logística y productiva”. En total será un tramo de la Ruta Nacional 7, uno de la Ruta Nacional 143 y tres sectores de la Ruta Nacional 40, que atraviesa la provincia.La administración mendocina tendrá la oportunidad de recuperar las inversiones, ya sea a través de la implementación de peajes en las nuevas rutas o reclamando los costos al Estado nacional si no se autoriza el cobro
Desde la Casa Rosada, bajo la dirección de la Dirección Nacional de Vialidad, han puesto en marcha audiencias públicas para discutir la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas que estaban bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales S.A.. Este movimiento busca traspasar rutas a concesionarios privados como parte del plan mayor de cerrar la empresa estatal, La resolución 827/2025 establece audiencias para la segunda fase de la Red Federal de Concesiones (RFC) que incluye ocho tramos estratégicos, distribuidos en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Estos representan una porción significativa del tránsito nacional, con la expectativa de concesionar un total de 9.342 kilómetros. En su fase inicial, el RFC discutió la concesión del Corredor 18, una ruta crucial para el Mercosur.Los futuros concesionarios podrían gestionar rutas de alto valor comercial como las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri. De aprobarse, la privatización se llevará a cabo sin subsidios estatales, rompiendo con el esquema anterior que era considerado deficitario. Las vías nacionales ya no recibirán apoyo fiscal, centrando la estructura de financiamiento en los operadores privados.La consolidación de la fase inicial se anticipa para completarse entre septiembre y octubre, señalando un nuevo modelo de gestión vial que buscará redefinir el panorama de infraestructura en Argentina.
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