13 de mayo de 2025
El Gobierno establecerá un nuevo procedimiento para continuar con las auditorías a las pensiones por invalidez laboral de todo el país
Se anuló la Resolución N° 187/2025, que auditaría pensiones no contributivas, prometiendo una revisión más justa y acorde con estándares internacionales
>El Gobierno de Esta medida había sido anunciada el 16 de enero con la intención de corregir las irregularidades detectadas en el sistema de pensiones. La derogación se formalizó este martes mediante la publicación de la Resolución N° 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el Boletín Oficial. La normativa anterior contemplaba un procedimiento de revisión que incluiría entrevistas y verificaciones médicas a más de un millón de beneficiarios. Según el Gobierno, estos procesos se habían hecho necesarios debido a los hallazgos de fraude, como personas sin discapacidad certificada, beneficiarios con documentos falsificados y personas privadas de libertad que seguían recibiendo los pagos.
La decisión de derogar la resolución se produjo luego de la identificación de varios puntos que no habían sido del todo claros en los procedimientos establecidos por dicha normativa.
A partir de una revisión exhaustiva, se advirtió que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad, lo que llevó a la necesidad de una nueva revisión técnica.
Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmó que la derogación de la resolución permitirá un enfoque más detallado y acorde con los estándares del mundo para la evaluación de invalidez laboral, especialmente en lo que respecta a los baremos médicos utilizados en el sistema.Con la derogación de la Resolución N° 187/2025, la ANDIS deberá trabajar en una nueva propuesta que contemple una actualización de los criterios y un proceso más efectivo y justo para la verificación de las pensiones.El Gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar que los recursos públicos se gestionen de forma eficiente y que los beneficios lleguen a aquellos que verdaderamente los necesitan.
Una de las auditorías previas, llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en conjunto con el Servicio Penitenciario Federal, identificó que 212 personas privadas de la libertad percibían la pensión sin justificación. Además, una investigación adicional realizada con el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, detectó 331 prófugos que también recibían el beneficio, de los cuales 33 fueron puestos a disposición de las autoridades y 14 resultaron detenidos.En otro caso, un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor asistió acompañado de un abogado. La persona no presentaba ninguna incapacidad. Había beneficiarios que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso. En su exposición ante las autoridades dijeron que recibieron la pensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”.
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