Esta nueva farsa electoral que Maduro pretende ejecutar se llevará a cabo bajo las mismas reglas del CNE que encubrió el fraude monumental. Un CNE que no presentó actas, que colaboró activamente en la manipulación del proceso, y que sigue sirviendo de instrumento a un régimen autoritario. Con más de mil presos políticos, con toda la dirigencia democrática encarcelada, en el exilio o en la clandestinidad —como María Corina Machado—, con la prensa censurada y la justicia subordinada al poder, y, lo que es aún peor, bajo un estado de sitio denunciado por la propia ONU, donde se criminaliza toda forma de disidencia.

Henrique Capriles es quizá el personaje más notorio entre quienes rompieron la unidad. Dos veces candidato presidencial y figura emblemática de la oposición durante años, hoy se ha alineado con la agenda del régimen. Desde hace tiempo, Capriles y su grupo operaron para impedir las primarias, promovieron una candidatura distinta a la de Edmundo González, y no defendieron el triunfo del 28 de julio. Sin embargo, apenas el régimen convocó este nuevo proceso viciado, fueron los primeros en ofrecerse para participar.

Las razones que condujeron a este sector a traicionar la causa democrática pueden ser muchas: miedo, intereses personales, incomprensión del momento histórico o simplemente el deseo de sobrevivir políticamente dentro de un sistema represivo. Pero sea cual sea la motivación, lo cierto es que ya no son oposición, y así deben ser vistos por la comunidad internacional. No se trata de una división o fragmentación: se trata de un grupo que cruzó la línea y decidió formar parte de la dictadura. Pasaron del combate a la complacencia, de la esperanza al cálculo, y eligieron ser actores de una tragicomedia electoral, mientras el país se desangra.