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15 de abril de 2025

El Gobierno retoma el debate sobre la seguridad y cita a discutir la baja de edad de imputabilidad

Se volverá a reunir el plenario de comisión de Diputados la semana que viene en busca de un dictamen. El proyecto libertario prevé llevar la edad de 16 a 13 años

>El tratamiento legislativo sobre la baja de la edad de imputabilidad en menores, que había quedado interrumpido la semana pasada, retomará su curso el próximo 24 de abril a las 17. El debate se llevará a cabo en un plenario de comisiones que integrarán Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia, entre otras. Este encuentro buscará avanzar hacia un dictamen unificado que permita establecer un marco legal consensuado sobre este tema sensible.

Además de la edad mínima de imputabilidad, los proyectos incluyen disposiciones sobre las sanciones aplicables a los menores que cometan delitos. En la mayoría de los textos se contemplan medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de conducción o de acercamiento a determinadas personas, así como reparaciones a las víctimas. Estas propuestas buscan equilibrar la necesidad de justicia con un enfoque que priorice la reintegración social de los menores.

Otro aspecto relevante es la diferencia en las penas máximas propuestas para los menores en comparación con los adultos. Según el Gobierno, la pena máxima debería ser de 20 años, mientras que aproximadamente la mitad de los proyectos presentados sugieren un límite de 15 años. Este punto será uno de los temas clave a debatir en el plenario, ya que refleja distintas posturas sobre cómo abordar los delitos graves cometidos por menores.

El tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad había sido suspendido previamente debido a la sesión en la que se votó la conformación de una comisión para investigar el caso $Libra y la interpelación a varios funcionarios. Este retraso generó incertidumbre sobre el avance del tema, pero el nuevo llamado al plenario busca retomar la discusión y concentrar nuevamente la atención en esta iniciativa legislativa.

El consenso alcanzado en torno a los 14 años como edad mínima de imputabilidad representa un avance significativo en un tema que históricamente ha generado divisiones. Sin embargo, aún quedan desafíos por resolver, como la definición de las penas máximas y las condiciones específicas de las sanciones alternativas. Estos puntos serán cruciales para lograr un dictamen que cuente con el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos.

El plenario del 24 de abril será una oportunidad para que las distintas fuerzas políticas presenten sus posturas y busquen acuerdos que permitan avanzar en la redacción de un marco legal que contemple tanto la necesidad de justicia como la protección de los derechos de los menores. La posibilidad de un dictamen unificado dependerá de la capacidad de los legisladores para encontrar puntos en común y superar las diferencias que aún persisten.

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad tiene implicaciones que van más allá del ámbito legislativo. Este debate refleja preocupaciones sociales sobre el aumento de la criminalidad juvenil y la necesidad de encontrar soluciones que combinen justicia y rehabilitación. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre el papel del Estado en la protección de los menores y la prevención de conductas delictivas.

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