Según una declaración oficial del portavoz gubernamental Zoltán Kovács, el cambio “no es un ataque a la autoexpresión individual, sino una aclaración de que las normas legales se basan en la realidad biológica”.

En paralelo, el texto legal prohíbe la producción, uso y distribución de drogas, e introduce la posibilidad de suspender por hasta 10 años la ciudadanía húngara a personas con doble nacionalidad que sean consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Juristas han calificado esta medida como una herramienta de carácter discrecional.

Esta es la decimoquinta enmienda constitucional desde que el partido Fidesz, liderado por Orbán, redactó y aprobó unilateralmente la Carta Magna en 2011. Desde entonces, el Gobierno ha promovido múltiples reformas orientadas a limitar la visibilidad de las personas LGTBQ+, restringir la educación sexual en centros escolares y ampliar la autoridad del Estado en temas culturales y de seguridad.