>Una semana después de cerrar todas sus plantas en la provincia de Santa Fe y “ante el público ofrecimiento de la Union Agrícola Avellaneda y de Bioenergias SA” del día viernes “para continuar con los fazones de girasol y de etanol en las plantas de Ricardone y Avellaneda”, la concursada e intervenida cerealera Vicentin señaló que estaría “en condiciones de poner en marcha nuevamente ambas plantas y abonar la semana que viene un adelanto del 25% de los salarios de todo el personal correspondiente al mes de marzo y de regularizar además los compromisos comerciales más urgentes, como transporte, energía consumida en este proceso, insumos de producción, aportes y contribuciones”, dice un comunicado del directorio de la intervenida compañía.

El directorio afirma que de recibir la “confirmación formal de ambos clientes (est es, de Unión Agrícola Avellaneda y Bioenergías SA) y la confirmación de la aceptación de estas condiciones por los sindicatos y el personal fuera de convenio, este principio de acuerdo entre empresa, trabajadores, clientes y sector público -todavía insuficiente para superar la grave situación actual- puede representar el principio de una salida racional hacia la estabilidad que toda la comunidad necesita, requiere y persigue”.

Se trata de un nuevo giro en la larga saga de la exportadora de aceite y harina de soja, actualmente en concurso de acreedores tras declarar un ‘default’ por deudas de entre USD 1.300 y 1.500 millones en 2019, que el sábado pasado había anunciado que cerraba la actividad de sus fábricas ubicadas en Ricardone y Avellaneda debido a la imposibilidad de obtener contratos de fazón “para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad”. En aquel comunicado la empresa había adelantado que esperaba “poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta”, en referencia a la decisión de la Justicia provincial, que rechazó un acuerdo entre la empresa y una parte mayoritaría de sus acreedores.

Además, la justicia provincial había dictado prisión preventiva por 120 días a cuatro ex directivos de la firma, por considerarlos miembros de una “asociación ilícita”.

Son 1.500 trabajadores afectados y la empresa, dijeron fuentes cercanas a la firma, no cuenta con los cerca de 4 millones de dólares necesarios para afrontar las obligaciones.

La compañía había cerrado a comienzos de este año porque la Corte Suprema de Santa Fe no homologó el acuerdo que proponían Bunge, ACA y Viterra para comprar la empresa y pagarle a los acreedores, más allá de que estaba aceptado por una gran mayoría.