9 de abril de 2025
La Justicia ordenó que el clan acusado de la megaestafa inmobiliaria de Induplack vaya preso: congelaron sus bienes

Los miembros de la familia L’Abbate y el apoderado de su fiduciaria deberán entregarse o ser arrestados. Se trata de una causa impulsada por la fiscal Mónica Cuñarro, bajo la firma de la jueza Paula González. Se presentaron 40 víctimas
En su expediente, Cuñarro acumuló 34 denuncias presentadas entre 2024 y 2025 en el fuero criminal porteño, con 40 damnificados, varios de ellos constituidos en diversas querellas, para formar una megacausa bajo las figuras de asociación ilícita y estafa.
Así, deberán entregarse a la Justicia en un plazo de tres días, o serán arrestados por la fuerza. Vito, el patriarca del clan, fue procesado como el jefe de la asociación ilícita.
En rigor, este es el segundo procesamiento de la causa. Hubo otra para tres de los acusados, pero sin prisión preventiva. El 8 de octubre último, la Sala VII de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por Juan Esteban Cicciaro y Ricardo Matías Pinto, confirmó la decisión, con un embargo colectivo que superó los $700 millones.El rastro de cheques sin fondo es otra zona roja en el caso. Datos del Banco Central revelaban que lnduplack Fiduciaria había emitido 61 durante los últimos dos años y por más de $115 millones. Con el tiempo, parte de esa deuda fue cancelada.Entre el 20 de febrero y el 10 de marzo último, varios de los acusados fueron citados nuevamente a indagatoria en Tribunales. La reticencia a responder preguntas fue notable. Según documentos judiciales a los que accedió Infobae, Flores, Santiago, Emanuel y Vito L’Abbate se negaron a contestar.
Además, la fiscal sumó a dos imputados nuevos, parientes entre sí, vinculados a una inmobiliaria de Villa Crespo que, según denuncias de las víctimas, operó con Induplack.
Los damnificados apuntaron en sus relatos directamente a ellos; aseguraron haberles realizado pagos en dólares para departamentos que nunca recibieron e, incluso, reunirse con Flores en sus oficinas. Cuñarro también pidió el procesamiento para estos dos nuevos acusados, que no fueron incluidos en la decisión firmada este lunes por la jueza González.Un documento judicial del caso detalla la acusación: “Una vez firmado el boleto de compraventa, los compradores/damnificados comenzaban a pagar las cuotas. Esos aportes, que se ponían a disposición de la fiduciaria, debían ser destinados a la financiación y conclusión de las obras integrantes de los diferentes encargos fiduciarios”.Según aseguró Cuñarro: “Es así que, cuando los damnificados solicitaron explicaciones, se les respondía con evasivas para dilatar los plazos. Tal es así que enviaban cartas documentos que no eran respondidas, muchas veces asumían su incumplimiento y se les informaba que había sido vendida a otra persona e, incluso, algunos damnificados se constituían en la unidad funcional con un escribano y constataban que ya se encontraba ocupado”.