Dentro del listado de irregularidades detectadas, mencionó la inexistencia de “manuales o instructivos internos formalizados que describan, de modo íntegro, la totalidad de las operatorias realizadas por el referido fondo”, y la falta de “un sistema integral de gestión y registro de la información financiera”, lo cual no permite que exista un adecuado control de los fondos que se destinaron a cada una de las obras.

En este último punto, la normativa argumentó bajo el artículo 147 de la Ley N° 11.672 “que los fondos fiduciarios públicos no podrán contar con estructura de personal permanente y temporario a su cargo, siendo necesario que los recursos humanos que realicen las tareas necesarias integren las plantas de personal de las Jurisdicciones y/o Entidades de las cuales dependen los citados fondos fiduciarios”. Los organismos encargados de las auditorías detectaron un salto en la nómina que pasó de 9 personas en enero de 2023 a 45 en diciembre del mismo año.