La decisión fue tomada por el fiscal general Paulo Gonet, quien afirmó que no existen “elementos que justifiquen la responsabilización” del ex presidente en ese caso, en contraposición a la opinión de la Policía Federal, que sí había recomendado imputarlo. Gonet fundamentó su dictamen en la falta de pruebas independientes, señalando que no es posible presentar una denuncia “apenas en las declaraciones del colaborador”.

La causa se refiere a un episodio en el que Bolsonaro y personas de su entorno habrían intentado falsear documentos para sortear las restricciones sanitarias internacionales durante la pandemia. El archivo fue solicitado en un escrito dirigido al juez del Tribunal Supremo Federal (TSF) Alexandre de Moraes, quien instruye el caso.

El ex presidente afirmó que todas las investigaciones en curso siguen “el mismo método”, en referencia a los procesos sobre la supuesta apropiación de joyas recibidas como obsequios oficiales y la presunta participación en una tentativa de golpe de Estado para evitar la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.