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28 de marzo de 2025

La dictadura en Nicaragua consolida su poder: Daniel Ortega y Rosario Murillo controlarán la Corte Suprema de Justicia

La norma, aprobada por el Parlamento sandinista, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República

>La Asamblea Nacional (Parlamento) de La Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, propuesta por Ortega y Murillo, fue aprobada por unanimidad y de forma expedita por el Legislativo, controlado por los sandinistas, en una sesión celebrada en Managua.

Esa norma, que deroga la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República, que está en manos de Ortega y Murillo, según el texto.

Además establece que la Presidencia de la República nombrará al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que serán juramentados por la Asamblea Nacional.

También establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por diez magistrados o magistradas en equidad de género, sin cojueces, cuyo período es de seis años.

Actualmente la Corte Suprema cuenta con 10 de los 16 magistrados que la integran, es decir con seis vacantes, cuatro por dimisión y dos por fallecimiento.

Asimismo, establece que los magistrados y jueces, en su actividad jurisdiccional, son independientes en todas sus actuaciones y solo deben obediencia a la Constitución Política de Nicaragua y la ley.

Esa Ley tiene también dispone que los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia se dediquen exclusivamente a impartir justicia en Corte Plena y en sus Salas, indicó, por su lado, el también legislador sandinista Edwin Castro.

Asimismo, crea las Salas de Familia en la Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales de Apelaciones.

Por otro lado, ordena que en los procesos penales pueda restringirse el acceso a los medios de comunicación y del público, a criterio de la autoridad judicial, sea de oficio o a petición de una parte.

La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.

Además, crean las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “Policía voluntaria” que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.

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