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20 de febrero de 2025

80 organizaciones exigen esclarecer el asesinato del líder indígena Francisco Marupa en Bolivia

Se presume que el dirigente del pueblo Leco fue ultimado por defender su territorio de la minería ilegal. El Gobierno, en cambio, habló de “problemas personales”

>“La impunidad no solo perpetúa la violencia contra los pueblos indígenas y sus defensores, sino que también erosiona el Estado de Derecho”, señala un documento firmado por 70 organizaciones de Bolivia y diez internacionales que exigen el esclarecimiento del El viernes 14 de febrero, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla) del norte de La Paz informó sobre la muerte de Marupa, defensor del territorio de la comunidad Torewa, quien fue encontrado sin vida con evidentes signos de violencia. Según la organización, el líder indígena dedicó su vida a la protección del Parque Nacional Madidi.

La Cipla, que representa a más de una docena de comunidades, sostuvo que el crimen es parte de una escalada de violencia en la región amazónica del país, donde grupos criminales operan con impunidad en actividades ilegales como la minería, la tala de árboles y el tráfico de tierras.

En una publicación de Facebook, el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo del Castillo, manifestó: “La Policía Boliviana aprehendió a Julio Lero Tayo de 20 años quien reconoció ser el autor del asesinato porque tenía problemas personales con la víctima, por lo que se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”.

En tanto, el presidente Luis Arce expresó sus condolencias por la muerte de Marupa y aseguró que su país defiende los derechos de los pueblos indígenas y no tolerará la impunidad.

Tras conocerse el asesinato del líder indígena, que era un firme opositor de la minería ilegal y el tráfico de tierras, varias organizaciones se pronunciaron para condenar el crimen y lo vincularon con la violencia que existe dentro de las áreas protegidas vinculada a actividades ilegales.

El caso de Marupa es parte de una tendencia de agresiones contra defensores ambientales en Bolivia, donde los intereses económicos vinculados a actividades extractivas ilegales amenazan la integridad de los territorios indígenas y sus habitantes.

Entre las organizaciones que suscriben el documento están la Fundación Jubileo, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y la Red Unitas, a la que se adhirieron organismos internacionales como la Red Iglesias y Minería, el Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación, entre otros.

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