>Argentina comenzará este jueves su apelación en el caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, luego de que se perdiera el juicio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El país busca que una Corte del Distrito de Columbia, en EE.UU, revierta el fallo que obliga a abonar USD 390 millones. Esto se deriva de la nacionalización de la aerolínea de bandera, en 2008, que en ese momento estaba en manos de empresas pertenecientes al grupo español Marsans.

Otro argumento que podría poner sobre la mesa Argentina, según el especialista, es que dicho fondo no es el legítimo beneficiario. Sucede que el grupo Marsans acudió en un principio al CIADI y en 2019 se decidió que el país debía pagar USD 320 millones por esa operación forzosa, pero luego este vendió los derechos de litigio a Burford Capital (el bufete inglés que lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF en 2012), quien a su vez se los traspasó a Titan Consortium, dos años después.

Es importante destacar que, según contó Maril, previo a la estatización “Marsans vació la empresa, utilizó los aviones y los pasó a Iberia. Iberia le daba a Aerolíneas Argentinas los aviones más antiguos y más usados. Es decir, estaba mal manejada”.

Marsans dejó de gestionar Aerolíneas Argentinas y Austral, acumulando una deuda cercana a 890 millones de USD, tras haber adquirido ambas compañías en 2001 por un precio simbólico de un dólar a un organismo estatal español. En ese momento, el tesoro español tuvo que hacer aportes de capital por 750 millones de dólares para garantizar su funcionamiento.

De todos modos, Maril aseguró que la expropiación no siguió los pasos correspondientes para hacerlo correctamente ni para evitar este tipo de juicios.

El caso de Aerolíneas no es el único que enfrenta el país, sino que también recibió un fallo adverso en Estados Unidos por la expropiación de YPF, por el cual ya comenzó un proceso de embargo de activos soberanos.

Forma parte de la ejecución de la sentencia porque no se está cumpliendo con las obligaciones debidas ni tampoco se ha depositado una garantía al fondo inglés Burford Capital. La cifra a pagar ya asciende a USD 17.200 millones, incluyendo intereses a una tasa de 5,42% anual y honorarios legales. De ese monto, unos USD 1.000 millones corresponden únicamente a este año.