11 de febrero de 2025
El Gobierno incluirá en las Sesiones Extraordinarias un proyecto para agravar la pena a quienes provoquen incendios

La iniciativa oficial plantea elevar las penas hasta 25 años y eliminar la excarcelación para quienes provoquen incendios que afecten bosques, ecosistemas o infraestructuras críticas
- Además, se eliminará la posibilidad de excarcelación, lo que impediría que los imputados por este delito puedan obtener la libertad mientras dure el proceso judicial.Entre los nuevos agravantes incluidos en el proyecto, se destacan:
- La iniciativa del Ejecutivo surge en medio de una crisis ambiental en la Patagonia. Según datos oficiales, los incendios han afectado severamente distintas áreas, incluyendo el Parque Nacional Nahuel Huapi (donde ya se han quemado 10.200 hectáreas), el Parque Nacional Lanín (con 15.200 hectáreas consumidas por el fuego) y la localidad de El Bolsón, donde la superficie quemada supera las 3.600 hectáreas.
Desde el Ministerio de Seguridad, el Ejecutivo ha reiterado que algunos de los incendios en la Patagonia fueron iniciados con intenciones políticas. En este sentido, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, sostuvo que ciertos grupos buscan desestabilizar al Gobierno mediante estos siniestros. “Nosotros lo que decimos es que son golpistas del fuego. Básicamente, son los que están en contra del progreso de la Argentina”, declaró.
El proyecto de ley ha generado un amplio debate en el ámbito político y judicial. Mientras que desde el Gobierno nacional se insiste en la necesidad de sanciones más severas para desalentar estos delitos, algunos especialistas en derecho penal advierten sobre la eliminación de la excarcelación y el uso de la figura de terrorismo en estos casos.Desde algunos sectores de la oposición y organizaciones ambientales han expresado preocupación por el uso político de la iniciativa, señalando que podría derivar en la criminalización de ciertos sectores sociales sin pruebas contundentes.
El proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso se enmarca en un contexto de emergencia ambiental y política. Mientras se busca endurecer las penas para los responsables de incendios intencionales, el debate sobre cómo se aplicará la normativa y los criterios para determinar la intencionalidad seguirá abierto en el Congreso.