“La política estatal sistemática y generalizada de destierro, desnacionalización y privación de derechos que afectó a las personas beneficiarias de las medidas provisionales profundizó gravemente el riesgo en que se encuentran ellas y sus familias en la actualidad”, declaró María Luisa Gómez, de la organización Raza e Igualdad.

Estas personas fueron declaradas como traidoras a la patria y sus derechos ciudadanos fueron suspendidos de forma perpetua ante la jurisdicción nicaragüense al ser despojadas de su nacionalidad.