3 de febrero de 2025
Minería: un estudio internacional estimó que los 5 principales proyectos de cobre le generarían a la Argentina ingresos por más de USD 47.000 millones
El “flujo de fondos” hasta 2040 fue calculado por CRU, una consultora minera global, que también destacó que con el RIGI la inversión minera en el país luce fiscalmente más atractiva que en Chile y Perú, los principales productores cupríferos. Cómo se distribuirían los recursos
Los proyectos incluidos son El Pachón y MARA (por Minera Agua Rica-Alumbrera), de Glencore; Los Azules, de Mc Ewen; Josemaría, de Lundin Mining y BHP; y Taca Taca, de First Quantum Minerals. Según el estudio, los cinco podrían producir en conjunto unas 955.000 toneladas de cobre en la Argentina. En cuatro casos, la producción contemplada es de concentrado de cobre y en el restante, en el que uno de los inversores es la automotriz global Stellantis, de cátodos de cobre.
“Estos proyectos podrían empezar a producir dentro de la próxima década e impactar positivamente la economía argentina con un promedio de ingresos anuales por cerca de USD 4.000 millones anuales entre 2031 y 2040, basado en la metodología de flujo de caja del país anfitrión (en inglés, HCCF, por Host Country Cash-Flow)”, dice un pasaje del estudio que compara el impacto acumulativo de los cinco proyectos, de USD 47.051 millones, con los USD 44.000 millones de deuda de la Argentina con el FMI.CRU es una consultora minera internacional fundada en 1969 y con sede central en Londres, Gran Bretaña, donde también tiene oficinas en Sheffield, amén de Beijing y Shanghai (China), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Houston y Pittsburgh (EEUU), Johannesburg (Sudáfrica), Mumbai (India), Riad (Arabia Saudita), Seúl (Corea del Sur), Singapur, Sydney (Australia); Tokyo (Japón) y, en Sudamérica, en Santiago (Chile) y San Pablo (Brasil), desde donde sigue cada vez con más atención los temas mineros en la Argentina. El próximo abril albergará en Santiago de Chile la CRU World Copper Conference, o Conferencia Mundial del Cobre.El estudio basa sus cálculos en la aplicación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno y aprobado por el Congreso en 2024 cuya aplicación -estima- resultará en una disminución de 47 a 38% de la carga impositiva promedio sobre las ganancias antes de intereses e impuestos de los cinco proyectos contemplados en el estudio. Con el RIGI, dice, la inversión minera en la Argentina se vuelve fiscalmente más atractiva que en Chile, donde la carga fiscal promedio recorrió el camino inverso y aumentó del 37 al 45% y que en Perú, donde la imposición promedio es del 42 por ciento.Chile y Perú son los dos principales productores de cobre del mundo, aunque el estudio destaca que en esos países no hay tantos “greenfield projects” (esto es, proyectos desde cero) como en la Argentina, donde de los cinco proyectos considerados cuatro son “greenfield” y solo uno “brownfield”, es decir expansiones o recuperación de proyectos anteriores.El RIGI que impulsó el gobierno de Javier Milei, dice el proyecto, podría impulsar la competitividad de esos proyectos, dice el estudio, pero aclara que ese “potencial transformador depende de la estabilidad de largo plazo para atraer inversiones y construir las capacidades locales de grandes proyectos de cobre, un desafío tanto para el gobierno como para las compañías mineras”.El estudio proyecta que estos proyectos podrían iniciar producción hacia fines de la actual década y destaca que la Argentina ha estado en el candelero de inversiones cupríferas, particularmente en el noroeste, para aprovechar la riqueza en cobre del país.CRU subraya también la envergadura de las empresas involucradas en los proyectos, como BHP, la minera más grande del mundo, Lundin Mining, First Quantum y el desarrollador Junior McEwen Mining.
Según los cálculos de CRU, de los poco más de USD 47.000 millones de ingresos proyectados, un 52% (aproximadamente USD 24.500 millones) serían ingresos impositivos principalmente vía el impuesto a las ganancias corporativas, de la Nación (que lo coparticipa con las provincias) y las regalías mineras, que corresponden a los gobiernos provinciales. Las empresas mineras suelen, además, aportar a diferentes fideicomisos para la financiación de iniciativas locales, a menudo municipales o incluso comunitarias, con el que buscan ganar “licencia social”.
El “flujo de caja” que calcula el estudio abarca también la porción de los gastos de capital y de los costos operativos que “permanecen en la economía locales, como los empleos directos y la fracción de los bienes y servicios provistos localmente.Los autores asumen que el RIGI se aplicará a los cinco proyectos seleccionados, con una tasa de impuestos a las ganancias corporativas del 25% (en contraste a la del 35% del régimen estándar) y con “estabilidad fiscal” por 30 años, período en el cual la alícuota no podría ser alterada.Según el estudio, los años de mayor flujo de caja para la economía argentina serían 2033 y 2034, cuando el total de ingresos, casi íntegramente por pago de impuestos y gastos operativos de las empresas mineras, superaría los USD 4.300 millones anuales.
También se destaca que los componentes no impositivos del “flujo de caja” para la Argentina no contemplan efectos multiplicadores vía derivaciones en la cadena de valor, algo muy propio de una industria capital-intensiva como la minería “que ha probado ser un pivot en la economía de países ricos en recursos en Sudamérica, como Chile, Perú y Brasil”.CRU destaca no obstante que comparada con Chile y Perú la minería argentina está “en su etapa infantil” y que el RIGI le daría una “muy necesaria” competitividad impositiva respecto de sus vecinos, “dos gigantes del cobre”.En los últimos cinco años, sostiene el estudio, la Argentina fue terreno fértil para inversiones mineras de escala más pequeña, como los de litio, pero los proyectos “Tier 1″ (los más grandes), como los de cobre “son todavía elusivos” pues todavía hay “riesgos específicos” asociados al sector y al país, como la imposibilidad de repatriar dividendos.Por eso, concluye, es necesario proveer certidumbre a largo plazo para que los inversores se sientan cómodos y se puedan desarrollar capacidades locales que sustenten la construcción y operación de grandes proyectos de cobre.