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28 de noviembre de 2024

“Bolsonaro tenía control directo sobre el intento de golpe de Estado en Brasil”: el informe policial que incrimina al ex presidente

Según las fuerzas de seguridad, existen pruebas contra el ex jefe de Estado, que demuestran “inequívocamente” que “planificó, actuó y tuvo control directo y efectivo sobre los actos ejecutivos realizados”

>Según la Policía Federal brasileña, existen pruebas contra Jair Bolsonaro que demuestran “inequívocamente” que el ex presidente “planificó, actuó y tuvo control directo y efectivo sobre los actos ejecutivos realizados por la organización criminal que tenía como objetivo llevar a cabo el golpe de Estado y la abolición del Estado democrático de derecho”. Estas son las líneas más dramáticas del informe de más de 800 páginas de los agentes federales que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidió hacer público en su totalidad el martes. La semana pasada fue la propia policía la que entregó al juez este documento, en el que acusa no sólo al ex presidente, sino también a dos de sus ex ministros, el general Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Nacional) y el ex ministro de Defensa y Casa Civil Walter Braga Netto además de una treintena de militares.

Según las investigaciones, Bolsonaro había llegado a preparar un decreto que proponía la “ruptura institucional para impedir la instalación del gobierno de Lula, establecer el Decreto de Estado de Defensa en el Tribunal Superior Electoral (TSE)” y crear la Comisión de Regularidad Electoral para investigar la “conformidad y legalidad del proceso electoral”. Este decreto serviría de “base legal para el golpe” y sería firmado por Bolsonaro el 15 de diciembre. Ese mismo día, Moraes habría sido detenido y probablemente asesinado por algunos militares implicados en la investigación. Informando constantemente a Bolsonaro de los preparativos del golpe estaba su antigua ‘mano derecha’, el teniente coronel Mauro Cid, repetidamente interrogado la semana pasada, tanto por la Policía Federal como por el juez Moraes. El informe también señala que la policía incautó una copia borrador de un supuesto plan golpista titulado “Operación 142″ en la sede del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, en el escritorio de un asistente del entonces ministro Braga Netto. En la última parte de esta copia se lee “Lula no sube los escalones”, en referencia a la ceremonia de investidura del presidente electo, que tuvo lugar el 1 de enero de 2023.

En una investigación detallada en la que se relatan las conversaciones de WhatsApp de los más de treinta militares implicados, emerge la imagen de un plan que no fue puesto en marcha por el ex presidente sólo “por miedo a ir a la cárcel”. En un intercambio de mensajes, mencionado en el informe, el teniente coronel Sérgio Cavaliere cita un golpe fallido en Perú del ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, explicando que Bolsonaro no llevaría a cabo el plan golpista. “El presidente no se va a embarcar solo (en este plan) porque podría pasar lo mismo que en Perú. Tiene un decreto listo, lo firma y después no aparece nadie y lo detienen. Así que prefiere no arriesgarse”, dice Cavaliere hablando con el coronel Gustavo Gomes.

El documento de la Policía Federal también revela el papel del entonces comandante de la Marina de Brasil, almirante Almir Garnier Santos, que se había ofrecido a proporcionar algunos tanques para el golpe, propuesta rechazada tanto por el Ejército como por la Fuerza Aérea. En otra parte del informe, se lee que el coronel Gomes declaró que Bolsonaro había sido “abandonado”. “Lamentablemente, la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) se ha debilitado y ahora también el Ejército. Sólo la Marina quiere guerra; el presidente ha sido realmente abandonado”, dice Gomes. Según la Policía Federal, Bolsonaro abandonó Brasil a finales de 2022 para ir a Orlando, en Estados Unidos, porque no había logrado “obtener el apoyo de las Fuerzas Armadas para consumar la ruptura institucional”, para “evitar una posible detención y esperar el resultado del golpe de Estado del 8 de enero de 2023″. De hecho, la expectativa de un golpe de Estado se mantuvo, según la investigación, hasta el 8 de enero, cuando se produjo el saqueo de los edificios institucionales en Brasilia.

Bolsonaro comentó las acusaciones en su contra, negando cualquier responsabilidad y hablando de “persecución política”. “Nunca hablé de golpe con nadie. Si alguien viniera a hablarme de un golpe, le preguntaría: ¿Y al día siguiente? ¿Cómo nos presentamos ante el mundo? La palabra golpe nunca ha estado en mi diccionario. Nunca haría nada fuera de las cuatro líneas de la Constitución. En esas cuatro líneas se puede resolver todo”, dijo al aterrizar en San Pablo procedente de Alagoas, en el norte del país, donde se enteró de la noticia de su incriminación mientras pasaba allí sus vacaciones. El ex presidente también se refirió a la posibilidad de ser detenido. “Puedo ser detenido incluso ahora, saliendo del aeropuerto”, dijo.

Los juristas brasileños, sin embargo, señalan los puntos críticos que podrían rebajar este caso en los tribunales. En primer lugar, según la legislación brasileña, hay una diferencia entre un acto preparatorio y las consideraciones, y luego entre la iniciación y la ejecución real del mismo. Planear, escribir un plan, decir que se quiere matar a alguien y hacer cualquier tipo de conjetura en un texto o declaración oral no es necesariamente un crimen según el código brasileño, como muestran algunos precedentes. En 2019, por ejemplo, el ex fiscal general de la República Rodrigo Janot reveló en una entrevista con el diario O Estado de São Paulo que, durante su mandato como juez en el STF, de 2013 a 2017, fue armado a una sesión del Tribunal Supremo con la intención de matar a su colega Gilmar Mendes. “No fue una amenaza. Era un asesinato. Quería matarlo y luego suicidarme”, dijo. El acto, afortunadamente, nunca se llevó a cabo. Tras la publicación de la entrevista, Moraes ordenó la incautación del arma a Janot y le impidió acercarse a los jueces del STF. Sin embargo, no hubo más consecuencias, como un juicio o incluso una condena.

Lo que es seguro es que el caso se prolongará durante meses, por lo menos hasta febrero, cuando la Fiscalía General de la República decida cómo proceder, si acusa a Bolsonaro y a los demás militares y luego los lleva a juicio, o archiva definitivamente esta historia. Pero el impacto social y político probablemente permanecerá en el debate público hasta las elecciones presidenciales de 2026, polarizando aún más el país. No es casualidad que, casi simultáneamente con la divulgación del informe, salieran a la luz datos del instituto de sondeo Paraná Pesquisas, recogidos entre el 21 y el 25 de noviembre, cuando ya se había producido la acusación de Bolsonaro por la Policía Federal. Si las elecciones presidenciales tuvieran lugar en estos días, dicen los encuestadores, a pesar de que Bolsonaro es inelegible hasta 2030 por decisión de la Justicia Electoral, el ex presidente se llevaría el 37,6% de los votos frente al 33,6% de Lula.

El efecto Bolsonaro, por tanto, ya ha comenzado. En la investigación del supuesto golpe se ha vuelto a hablar también de la de las fake news, en cuyo juicio también es responsable Moraes. Se trata de un caso que se arrastra desde marzo de 2019 y que tiene que ver con un supuesto grupo de WhatsApp llamado ‘Empresarios y Políticos’ en el que algunos partidarios de Bolsonaro compartían mensajes de desinformación política. Uno de los miembros había llegado a escribir que prefería un golpe de Estado a la victoria de Lula. El problema es que Moraes abrió el caso por un artículo publicado por un blog que había reproducido el contenido de estos mensajes privados, pero no había pruebas de que fueran reales, como explica el sitio de noticias Poder360. Por falta de pruebas, en 2023, el STF cerró la investigación contra 6 de los 8 empresarios implicados. Sólo dos de ellos, Meyer Joseph Nigri y Luciano Hang, siguen siendo investigados a día de hoy, pero el juicio es secreto y, por lo tanto, no se sabe en qué punto se encuentra. La cuestión de las fake news ha sido uno de los temas más delicados en Brasil en los últimos meses. El propio Moraes, en un tira y afloja con Elon Musk, bloqueó la plataforma X durante más de cuarenta días en agosto, amenazando con multas de más de 8.000 dólares diarios a los usuarios que se hubieran conectado utilizando redes privadas virtuales, las llamadas VPN.

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