El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, tal como se llama formalmente, opera como un esquema que permite a las provincia adherirse opcionalmente y negociar compensaciones para evaluar la forma de cancelar las deudas existentes. No obstante, los pasivos deben ser auditados y legítimos. Como contraprestación, el Estado ofrece activos nacionales, tales como empresas o rutas, que pueden ser gestionados directamente por los distritos para generar ingresos. Además, la normativa que creó el esquema dispone que las jurisdicciones tienen 30 días hábiles para expresar su intención de adherirse y otros 60 días para completar la documentación requerida.