Por otro lado, el Gobierno señaló entre sus argumentos que la exclusividad otorgada a CADRA “constituye una medida contraria a la libre concurrencia, por cuanto impide que otras asociaciones de autores que puedan, libremente constituirse, representen los derechos de los autores y editores, sus derechohabientes y sucesores”.

El Ejecutivo mencionó también que el Estado Nacional adoptó, mediante el DNU 70/2023, la responsabilidad de “promover y asegurar la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.