La decisión del Gobierno pasó casi desapercibida; en esa misma conferencia de prensa el funcionario dijo: “Por orden del Presidente de la Nación, y detrás del trabajo de siempre, del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio -popularmente conocida como jubilación de privilegio- que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo (...) Esto significa para los argentinos un ahorro - al menos - de la asignación, que se cobraba en mano, de unos 21.827.624 pesos mensuales”. La atención periodística y ciudadana puso el foco en la medida que la ex mandataria apeló el viernes ante la propia ANSES a través de un “recurso de nulidad”.

Los convenios fueron firmados de manera directa con la mayoría de las cooperativas kirchneristas, ligadas a los movimientos sociales como el Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros, que por entonces militaban en los barrios populares en favor de Unión por la Patria.

El anuncio de la firma de convenios que se financiaba con fondos del ex Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación, por entonces a cargo de Daniel Filmus, y la ex cartera de Desarrollo Social, que conducía la actual diputada nacional Victoria Tolosa Paz, fue anunciado el 15 de marzo de 2023. La presentación se denominó “Encuentro de saberes para la economía popular” y de la firma de la carta de acuerdo para “la convocatoria 2023 de Proyectos de Actualización Tecnológica de la Economía Popular”, tomaron parte, además de los dos integrantes del gabinete nacional, Pérsico y Grabois. La iniciativa, según declararon, buscaba “mejorar la integración productiva de la economía popular de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP)”.