22 de noviembre de 2024
Los detalles de los proyectos para eliminar las PASO y modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos
El Gobierno deberá convocar a sesiones extraordinarias pero todavía no tiene asegurado el apoyo de sus principales aliados, como el PRO y la UCR, que se han manifestado en contra de suprimir las primarias
Según estadÃsticas del ex Ministerio del Interior y de la Cámara Nacional Electoral, desde la sanción de la Ley N° 26.571, que introdujo las PASO, la participación electoral ha bajado casi diez puntos porcentuales desde 2011, cuando fue de un 78,67%, hasta el 2023, que registró solo un 69%.
En cuanto al financiamiento polÃtico, el proyecto plantea modificar la Ley N° 26.215 para que las campañas electorales dejen de ser financiadas prácticamente en su totalidad por el Estado y se abra paso al financiamiento privado, con “controles más estrictos†para garantizar su transparencia.
-20% del aporte público anual será repartido en partes iguales entre todos los partidos polÃticos reconocidos.
-80% será asignado de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados nacionales, siempre que haya superado al menos el 1% del padrón electoral.Por otro lado, permitirÃa mayores aportes privados para financiar actividades partidarias, con nuevos lÃmites y requisitos de transparencia.
El monto máximo permitido que los partidos podrán recibir de una misma persona (fÃsica o jurÃdica) será equivalente al 35% del Fondo Partidario Permanente. Este lÃmite aplica tanto para el financiamiento institucional como para las campañas electorales.-Personas fÃsicas o jurÃdicas involucradas en delitos como lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, entre otros.
-Entidades públicas o privadas extranjeras sin domicilio en el paÃs.-Concesionarios de servicios públicos, empresas contratistas del Estado o sus proveedores.
-Personas que realicen aportes anónimos o bajo presión de terceros.-Todos los aportes deberán estar bancarizados, siendo obligatorio depositarlos en las cuentas corrientes únicas de los partidos, registradas en la Dirección Nacional Electoral.
-Los aportantes deberán completar una declaración jurada a través de una plataforma digital de acceso público, garantizando la legalidad de los fondos.Para el Gobierno el sistema actual no ha logrado sus objetivos de equidad y ha terminado en un “despilfarro del erario públicoâ€. Por ejemplo, en 2023 , aproximadamente USD 1,3 millones se destinaron a aportes anuales públicos, más USD 5 millones aportes de campaña para las PASO, y más de USD 10 millones para las elecciones generales.
La reforma que promueve la Casa Rosada se enmarca en un contexto donde, según el Gobierno, “la sociedad en su conjunto se encuentra extremando esfuerzos†económicos, y se enfatiza la necesidad de que “el Estado Nacional no puede gastar más de lo que tieneâ€, exhortando a la dirigencia polÃtica a seguir el ejemplo del “esfuerzo heroico realizado dÃa a dÃa†por los ciudadanos.
Por otro lado, el Gobierno también envió una propuesta de elevar los requisitos de afiliación para la constitución de partidos en distritos con alta densidad poblacional, aumentando el tope de electores de un millón a dos millones. Esto ajustará el porcentaje exigido del padrón electoral del 0,4% al 0,5%, buscando homogeneizar las condiciones a nivel nacional.Entre las medidas de modernización, destaca la digitalización de los procesos de afiliación y renuncia, que reemplazarán los formularios fÃsicos. Este mecanismo será supervisado por la Cámara Nacional Electoral para garantizar la autenticidad de las afiliaciones.
El mensaje del Ejecutivo señala que el sistema actual fomenta la proliferación de partidos, algunos utilizados como instrumentos para acceder a fondos públicos. Al 31 de octubre de 2024, 47 partidos polÃticos nacionales y 718 distritales tenÃan reconocimiento jurÃdico, una cifra muy superior a la de otros paÃses de la región como México (7), Uruguay (12) y Chile (23).
El proyecto también busca evitar la desnaturalización de alianzas electorales, obligando a que las coaliciones distribuyan los votos obtenidos entre sus integrantes para determinar la continuidad de la personerÃa jurÃdica.
La ley establece un perÃodo de adecuación para los partidos ya constituidos hasta el 30 de junio de 2026. Aquellas agrupaciones en formación podrán optar por la normativa vigente al inicio de sus trámites, aunque deberán ajustarse a las nuevas disposiciones dentro del plazo estipulado.
