22 de noviembre de 2024
El caso de la agencia de inteligencia paralela que la Policía de Brasil relaciona con los planes golpistas de funcionarios de Bolsonaro
La lista de objetivos incluyó a magistrados del Supremo Tribunal Federal como Alexandre de Moraes y otros como Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, y Dias Toffoli
>Además de las acusaciones de pergeñar un golpe de Estado para evitar el retorno de Lula da Silva al poder, Jair Bolsonaro y su administración se encuentran en el centro de un escándalo de vigilancia ilegal que también ha sacudido a Brasil. Según una investigación de la Policía Federal (PF), durante el periodo de gobierno del ex presidente, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) llevó a cabo un monitoreo clandestino sobre diversas figuras influyentes, incluidas personas del ámbito judicial, político y periodístico.
El ecosistema político legislativo también fue blanco de esta vigilancia, con un foco en figuras prominentes como Arthur Lira, actual presidente de la Cámara de Diputados, y su predecesor Rodrigo Maia. Esta operación de vigilancia se extendió al periodismo, donde reporteros como Mônica Bergamo de Folha y Vera Magalhães de O Globo figuran entre los afectados.
Los alcances de la operación, denominada “Última Milla”, se extienden también al monitoreo de al menos un exgobernador, João Doria, quien desempeñaba su cargo bajo las filas del PSDB. Al mismo tiempo, funcionarios del Ibama y la Receita Federal también se convirtieron en sujetos de vigilancia. Todo esto ocurrió al amparo de una “Abin paralela”, una organización considerada ilegal y dedicada a la vigilancia de autoridades públicas y a la creación de noticias falsas.
Se ha iniciado una investigación para determinar si se usó el software FirstMile para geolocalizar y hacer seguimiento de los jueces del STF y políticos considerados adversarios del ex presidente Bolsonaro. El objetivo de estas acciones es desmantelar la “Abin paralela”, la cual es identificada como una “organización criminal”, dedicada a actividades de espionaje ilegal.
Este escándalo pone nuevamente en tela de juicio las acciones del anterior gobierno con respecto a sus políticas de monitoreo y control de figuras públicas. La utilización de medios tecnológicos para el espionaje ilegal refleja preocupaciones sobre la privacidad y el abuso de poder. Las implicaciones son inmensas dado que la operación abarcaría también la manipulación de información, empeorando la polarización política y la desinformación en la esfera pública brasileña.
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