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29 de diciembre de 2021

La CIDH admitió una denuncia de Lugo por el golpe en su contra de 2012

28-12-2021 | 17:21

Fernando Lugo fue a la CIDH por su salida del poder en 2012.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda presentada por el expresidente de Paraguay Fernando Lugo contra el Estado por el golpe institucional en su contra en 2012 -en medio de la crisis abierta por un operativo de desalojo de un campo que terminó en masacre-, una decisión que puede abrir un antecedente para otros casos de destituciones en la región.

Aunque la decisión de la CIDH es apenas un primer paso que abre los plazos para las presentaciones de argumentos de parte de Lugo –ahora senador por el Frente Guasú- y el Estado paraguayo, constituye de por sí un hecho inédito sobre los llamados “golpes blandos”.

La admisión de la demanda fue confirmada por el abogado de Lugo, Emilio Camacho, quien explicó los alcances de la acción interpuesta que recién ahora es admitida a trámite.

Camacho reseñó que la acción se sustenta en la “indefensión” de Lugo durante su juicio político, ocasión en que -según argumenta- se produjo la “violación de derechos fundamentales y del pacto de San José de Costa Rica”.

El letrado afirmó que la aceptación de la CIDH –dispuesta el 10 de este mes, pero conocida recién este martes-, en un escrito de 9 páginas, implica que el organismo “consideró que hay verosimilitud, razonabilidad y credibilidad” en la solicitud.

El golpe


Una semana después de la llamada masacre de Curuguaty -que terminó con 11 campesinos y seis policías muertos-, colorados y liberales se unieron a otros bloques menores para impulsar el juicio político a Lugo, el primer mandatario no colorado desde la vuelta de la democracia, y en apenas 48 horas se votó la salida del cargo del presidente, reemplazado luego por su vice, el liberal Federico Franco.

Los sectores que auspiciaron el juicio político se ampararon en el cumplimiento formal del artículo 225 de la Constitución del Paraguay y, del otro lado, se denunciaron serias violaciones al debido proceso, falta de pruebas reales, presentación de acusaciones falsas y una velocidad inédita para un proceso de estas características.

La defensa, por ejemplo, tuvo dos horas para la presentación de su descargo en el Senado.

El 22 de junio, en 7 horas, el Senado escuchó a las partes, relevó pruebas, dictó sentencia y tomó juramento al sucesor de Lugo.

Con la declaración de admisible de la petición también se da trámite al proceso y ya se comunicó a Cancillería, según Camacho.

 

“Ahora hay un plazo de seis meses improrrogables para que las partes arrimen nuevos argumentos o no”, sostuvo, según el sitio del diario ABC Color.

Como en todos los casos que la CIDH admite una denuncia, existe la chance de que Lugo y el Estado paraguayo lleguen a un acuerdo, pero si esa posibilidad no prospera y se llega a una condena, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Entre los argumentos tenidos en cuenta por la CIDH para admitir la acción figuran el hecho de que el Congreso solo dio 16 horas a la defensa del expresidente y que el libelo acusatorio tenía apenas dos hojas.

Lugo había sido elegido presidente en 2008, en una alianza que integró también el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que después se dividió en respaldo al proceso. El triunfo del exobispo cortó décadas de hegemonía del Partido Colorado.

Al año siguiente, los colorados volvieron al poder con la victoria del empresario Horacio Cartes, que había sido uno de los más fervientes defensores del juicio express a Lugo.

La destitución de Lugo dio paso a que Paraguay fuera suspendido del Mercosur.


"Lo de la CIDH es para nosotros un acto enorme de justicia ante la arbitrariedad cometida en el desarrollo del juicio político", remarcó Camacho.

La destitución de Lugo dio paso a que Paraguay fuera suspendido del Mercosur, el bloque que comparte con Argentina, Brasil y Uruguay, al que únicamente pudo regresar tras las elecciones que ganó Cartes.

En esos comicios Lugo fue candidato a senador y ganó una banca, que retuvo en 2018.

En esas elecciones, el FG fue otra vez aliado del PLRA, con el liberal Efraín Alegre como candidato a presidente y el periodista Leonardo Rubín como segundo.

Rubín fue justamente uno de los primeros en difundir la decisión de la CIDH, a la que consideró una noticia “muy interesante”, porque “se trató de un golpe de Estado parlamentario”, de los que juzgó que hay varios elementos de prueba.



“Hay cuestiones del proceso que son para reírse. Es, más bien, una casi tragicomedia. Pero estamos ante el primer caso de lawfare admitido por la CIDH”, señaló Rubín en un video en su cuenta de la red Twitter.

El senador Hugo Richer, del FG, consideró por su parte que la decisión de la CIDH es “una reivindicación no solo para Lugo, sino para con el pueblo paraguayo, que había votado un presidente para 5 años” e instó a “dimensionar” el paso legal del organismo “en toda la región, donde se viene construyendo democracia después de una serie de dictaduras”.

“Antes ya había caído (el entonces presidente de Honduras Manuel) Zelaya, pero ahí todavía hubo alguna acción militar. Acá fue directamente un golpe parlamentario, y después se repitió en Brasil con noticias falsas y manipulaciones. Por eso es una reparación para con la región toda. Y un paso adelante fundamental para lo que querramos construir en el futuro”, señaló Richer a Télam.
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