12 de noviembre de 2024
La OEA debate la controvertida reforma judicial de México que establece la votación popular de magistrados y miembros de la Corte Suprema
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará este martes en Washington la iniciativa presentada por López Obrador y respaldada por la presidenta Sheinbaum que contempla la posibilidad de votar en elecciones generales a más de 1.600 cargos judiciales
La alianza oficialista “Sigamos hacienda historia” -que incluye a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México- venció con muchísima holgura durante las elecciones presidenciales, y este panorama político no cambiará cuando se sucedan los comicios del 1 de junio de 2025, que fueron convocados por Sheinbaum para elegir a más de 1.600 cargos del Poder Judicial de México.
La sesión en la CIDH está prevista para las 14 (hora del este) y se aguarda la presencia de Javier Laynez Potizek -miembro de la Corte Suprema-, y la participación de las juezas Juana Fuentes Velazquez y Claudia Hurtado; la secretaria técnica del colectivo La Justicia que Queremos, Marisol Méndez; y los abogados Manuel Saturnino y Gloria Corroy, que pertenecen al Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.
La presentación del caso ante la CIDH se extenderá por 90 minutos y correrá sobre dos ejes esenciales: la pérdida de pesos y contrapesos ante la designación de magistrados que se formaliza desde una plataforma política, y los riesgos que implica esta metodología partidaria para la independencia judicial.
“El régimen que encabeza Morena, ha demostrado su intención para cooptar el Poder Judicial, que era el único que le hacía contrapeso”, sostuvo Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, en declaraciones periodísticas.La CIDH no sólo escuchará a los miembros del Poder Judicial que rechazan la reforma y a los representantes del Gobierno, además tiene un informe firmado por más de mil jueces y magistrados federales que exige la suspensión temporal de la iniciativa oficialista hasta determinar si viola o no los tratados internacionales sobre derechos humanos.
“Con la reforma judicial se apunta a un golpe de Estado”, sostuvo el magistrado Rogelio Alanís Garcia, que hizo la presentación ante la CIDH.La Corte Suprema de Justicia de México tiene formalmente 11 miembros. Tras la sanción definitiva de la reforma judicial empujada por AMLO y avalada por Sheinbaum, sólo quedarán cuatro. Los otros siete renunciaron a sus cargos en protesta institucional.