8 de noviembre de 2024
Entre Ríos demandó a la Nación por USD 175 millones ante la Corte Suprema
Es por un conflicto que comenzó en 2013 y está relacionado al pago de la energía que produce la represa de Salto Grande
Desde 1999, los excedentes de la represa (ingresos menos gastos de funcionamiento) se reparten entre Entre Ríos (67,5%); Corrientes (27,5%) y Misiones (5%). Eso quedó establecido en la denominada “Ley Maya”, sancionada por el Congreso y que avaló el acuerdo entre la Nación y las provincias.
Según los cálculos del Gobierno de Entre Ríos, entre 1999 y 2013 la Secretaría de Energía fijó un valor promedio de 30 dólares por Mw. Esto cambió con la resolución 95/13: el precio bajó a USD 14. Desde allí, con vaivenes, fue cayendo. Hoy por hoy, el Mw de Salto Grande se paga USD 2,9. La represa aporta el 7% del total de la electricidad que se consume en el país.
En el escrito de la demanda se reseñó que las provincias “no fueron notificadas ni se les consultó sobre la decisión del Gobierno nacional” que se tomó en 2013 “sin otra finalidad que apropiarse de los excedentes que les correspondían a las provincias damnificadas para subsidiar el conjunto del sistema”. El planteo es que, a costa de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, se mantuvo el esquema de tarifas bajas para los usuarios de los grandes centros urbanos.
El reclamo concreto de Entre Ríos es que la Corte dicte la inconstitucionalidad de las resoluciones que Energía viene dictando desde ese año. Y que dé cabida a la provincia en el diseño del precio que se le paga a la represa por la electricidad. La meta es que se tome como parte del valor del Mw el costo de las obras complementarias de Salto Grande que nunca se realizaron, entre ellas la esclusa de navegación para permitir el tráfico fluvial hacia el norte, hasta Brasil, y los sistemas de riego para la producción local.El monto que el Estado entrerriano reclama a la Nación está en consonancia con el valor de inventario que tendría la obra civil de Salto Grande luego de haberse amortizado durante más de 40 años.Durante la conferencia de prensa de este mediodía para informar de la acción judicial, Rodríguez Signes se refirió a esta normativa.
“El régimen (del 969) no nos obliga a renunciar a derechos, nos posibilita abrir un canal administrativo sin renunciar a la vía judicial”, agregó.
Acompañado por la secretaria de Energía de la provincia, Noelia Zapata, el funcionario recordó que Entre Ríos ya demandó a la Nación ante la Corte por $3 mil millones más intereses por la falta de transferencia de excedentes de Salto Grande. Ese monto se calculó con base en los valores que ahora se ponen en cuestión.