La ley 26.061 de 2005, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición”.

Por último, el artículo 51 impone una duración en el cargo de “cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. Todo un desafío para el actual Congreso: desde la sanción de la ley, en 2005, Graham fue la primera y única persona que ocupó la Defensoría. Sus detractores de entonces la acusaron de estar a favor del aborto; los posteriores, de fomentar una estructura atractiva y jugosa para la militancia, en general.

La funcionaria habló sobre el Presupuesto 2025 que envió Milei. En ese sentido, opinó que “más allá de los esfuerzos que se hagan no logramos salir de la pobreza e indigencia de los niños”, y enfatizó que “las asignaciones familiares formales no reciben los aumentos de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, según un comunicado de la Cámara baja.