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24 de octubre de 2024

Un grupo de funcionarios de Neuquén, sumariados por corrupción, exigieron que se les pague el sueldo: el gobernador lo rechazó

En simultáneo, la Justicia avanza con la investigación por la causa conocida como la “estafa de los planes sociales. El monto total que le habrían robado al Estado supera los 153 millones de pesos

>Un grupo de funcionarios de la provincia deEl caso es conocido como la “estafa de los planes sociales”, pero el expediente en la Justicia lleva la carátula de “asociación ilícita destinada a quedarse con fondos públicos que, en su destino original, debían atender situaciones de vulnerabilidad de las familias neuquinas producto de la desocupación”.

En total, son 19 las personas implicadas, entre ellos se encuentran: el ex ministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca; el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza; y los funcionarios Tomás Siegenthaler, Aaron Escobar, Julieta Mariana Oviedo, Ariel Oscar Krom y Marines Elizabeth Huaiquipan.

Mientras la Justicia avanza en la causa contra los implicados, los expedientes dentro de la gestión siguen su curso. En este contexto, cinco de los involucrados exigieron a la Gobernación volver a cobrar el sueldo a la espera de que se resuelva su situación, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local LMNequén.

Los primeros en elevar su queja formal a las autoridades neuquinas fueron Krom, Escobar y Huaiquipan, quienes hicieron sus presentaciones el 6 y 7 de agosto. Casi un mes después, se sumó el reclamo de Oviedo y, a los pocos días, Siengenthaler hizo lo propio. Los argumentos eran similares y todos consideraban a la retención de haberes como una medida provisional, que “violenta la protección del salario, que reviste de carácter alimentario”.

A su vez, agregó: “La finalidad de estas medidas obedece a la necedad de esclarecer debidamente el hecho investigado sin riesgos de dispersión de prueba o entorpecimiento de la investigación, cuya valoración queda a resguardo del criterio de oportunidad y conveniencia de la autoridad administrativa en función de la gravedad de los hechos objeto de investigación”.

Pese a que todo se conoció en 2023, la Justicia comprobó que los hechos comenzaron en 2020, mediante la emisión de cheques a supuestos beneficiarios del subsidio provincial para la Desocupación Laboral.

La lista de beneficiarios falsos tenía la autorización de la cartera de Desarrollo Social, a través de los organismos de gestión de los planes sociales provinciales. Por esto mismo, Di Luca, Soiza y Siengenthaler son considerados como los jefes de la asociación ilícita, puesto que ellos eran quienes gestionaban esas dependencias.

Otras personas funcionaban de forma externa, retirando el dinero. El monto total que habrían acumulado mediante este accionar es de 153.377.900 pesos. En este contexto, la Justicia continúa su investigación, mientras se aguarda el inicio del juicio contra los principales responsables.

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