Los letrados argumentaron que ni Ventura ni un tercero pudieron haber sido la fuente de la filtración, considerando improbable que alguno de ellos hubiera buscado difundirlo sin previa intención de venta, por lo que sugirieron que el gobierno no era el culpable. De igual manera, el mismo medio menciona que el equipo legal pidió que “se consideren remedios apropiados, incluidos el potencial de descalificación de testigos o la desestimación de todos los cargos en la acusación”.

El documento judicial también cita presuntas declaraciones falsas hechas por el DHS a la prensa. Los abogados aseguran que tras las redadas ejecutadas en marzo de 2024 en las residencias de Combs en Los Ángeles y Miami, los agentes federales, armados con rifles de asalto, esposaron y supuestamente maltrataron a los hijos del rapero, Christian y Justin. Esto forma parte de lo que sus abogados describen como un “esquema del gobierno” para perjudicar la imagen de Combs: “Las filtraciones han resultado en una cobertura mediática dañina y altamente perjudicial”, afirmaron sin éxito alguno.

Aparte de las alegaciones de abuso físico, la acusación también sostiene que Combs y un asociado participaron en un secuestro a punta de pistola y en el incendio de un auto con un cóctel Molotov en 2011. Ante estas graves acusaciones, los abogados han pedido medidas como el bloqueo de personal gubernamental de compartir información con los medios, y también han solicitado la entrega de correos electrónicos y documentos relacionados con las supuestas filtraciones.