9 de octubre de 2024
Acusaron a un senador provincial de liderar una organización que dio cobertura al juego clandestino en Santa Fe
Tres fiscales imputaron a Armando Traferri, legislador peronista por el departamento de San Lorenzo, que pidió declarar este miércoles a las 9, cuando se reanude la audiencia que se celebra en el Centro de Justicia Penal
>El senador por el departamento santafesino de San Lorenzo La causa, que cobró impulso en 2020, recién pudo tenerlo entre los acusados porque el legislador peronista recién renunció a su inmunidad parlamentaria –que se aplica únicamente sobre este legajo– en septiembre del año pasado, luego de conocer que habían desplazado a los funcionarios judiciales que habían iniciado la investigación.En una audiencia que comenzó pasadas las 14 –y se retomará este miércoles a las 9– en el Centro de Justicia Penal ante la jueza Eleonora Verón, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato atribuyeron a Traferri haber liderado una presunta asociación ilícita que se dedicó “a dar cobertura al juego clandestino en Santa Fe” y a “ocultar las ganancias del mismo”. Agregaron que el senador conformó una estructura que brindó “protección tanto política como judicial, sobre todo en materia penal” a los miembros.
Sobre la gestión del juego clandestino los funcionarios judiciales ponderaron la figura de Leonardo Peiti, un empresario de juego legal que en Santa Fe tenía una red clandestina por la que aceptó un juicio abreviado por el que fue condenado en diciembre de 2021 a 3 años de prisión y una multa de 47 millones de pesos.
La relación entre Traferri y Peiti quedó acreditada para los fiscales, sobre la base de llamadas mutuas, impactos de antena de sus celulares y encuentros personales que habrían llevado adelante.
En los casos de Serjal y Ponce Asahad, fueron señalados como quienes dieron amparo judicial a la actividad de la estructura, dando aviso de información sensible e intentando obstruir causas penales contra los presuntos integrantes, según la acusación. Entre los supuestos actores que brindaron cobertura también está el imputado Nelson Ugolini, quien fue empleado de Ponce Asahad, fue echado del Ministerio Público de la Acusación y actualmente está preso por estafas cometidas con operaciones de compraventa de autos.Con respecto a la supuesta pata de recaudación a nivel político, Caterina, Granato y Fabbro enfatizaron que quienes se encargaron de esa tarea fueron el senador hoy imputado y Ricardo Paulichenco, quien fue secretario Legislativo de la Cámara de Senadores y falleció en 2019.El objetivo común del funcionamiento de la presunta asociación ilícita, a criterio de los fiscales, fue en primer término usufructuar el dinero generado por las casas de juego de azar ilegal. En segundo lugar, hacer lobby para tratar de obtener la concesión del juego online de la provincia, algo que ocurrió durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti, pero que se la dio a otra firma.
Además, los investigadores judiciales indicaron que el propio Traferri buscó quedarse al mando de la comisión bicameral de la Legislatura que pretendía reglamentar la regulación del funcionamiento de casinos y bingos en la provincia. Agregaron que el senador también gestionó ante el ex fiscal regional Serjal una suspensión de juicio a prueba para el hermano de Peiti por una causa de Villa Constitución, por lo que también le achacaron posible tráfico de influencias.
“Pipi”, para los fiscales, había dado la orden al resto de la presunta organización para que no lo mencionen –ni su apodo “Pipi”– en las conversaciones que mantenían los otros miembros entre sí. Es por eso que remarcaron que hallaron que lo nombraban como “el hombre” o “el hombre de San Lorenzo” para no incriminarlo de forma directa.El legajo tuvo su inicio, según explicaron Fabbro, Caterina y Granato, en abril de 2017 cuando Serjal se presentó para ser el jefe de fiscales de Rosario y mantuvo desde entonces comunicaciones frecuentes con Traferri, entre las que se destacaron conversaciones sobre actuaciones investigativas sobre el entorno de Leonardo Peiti.
La causa recién se mediatizó en 2020, cuando en plena cuarentena se hicieron allanamientos y fueron detenidos los fiscales Serjal, Ponce Asahad y su secretario, Nelson Ugolini.Schiappa Pietra fue limitado en sus funciones a tareas de asesorías en la investigación, sin tener posibilidad de participar en las audiencias. En tanto, Edery fue suspendido por una presunta relación irregular con una informante de Los Monos y luego fue relocalizado en otra área del Ministerio Público de la Acusación, donde ya no persigue la criminalidad organizada.
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