Según Foro Penal, previo al 29 de julio, cuando se conocieron las primeras víctimas de la represión del aparato de seguridad de Nicolás Maduro, “no había adolescentes detenidos”, lo que expuso la escalada en la violencia del oficialismo contra el pueblo, ya sin importar si quiera su edad.

También, señalaron que a los detenidos no se les respeta su derecho a la legítima defensa, con abogados privados, por lo que son obligados a aceptar la representación del Estado, en procesos judiciales poco transparentes. “En la mayoría de los casos de las detenciones en el contexto postelectoral, se ha impedido a los detenidos nombrar a abogados de su confianza”, escribieron.