23 de agosto de 2024
La CIDH condenó el cierre masivo de organizaciones civiles y religiosas por parte del régimen de Ortega en Nicaragua
Las reformas fiscales y las nuevas regulaciones impuestas por la dictadura obligan a las ONG a colaborar con entidades estatales, lo que genera inquietud entre opositores y la comunidad internacional
El pasado 19 de agosto, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, disolvió 1.500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas ONG católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, y ordenó traspasar sus bienes al Estado.
“Estas acciones evidencian una vez más la política represiva del Gobierno para erradicar completamente el espacio cívico y democrático en Nicaragua”, señaló la CIDH, que es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
En tanto, este jueves Nicaragua ha endurecido el control sobre las iglesias y entidades religiosas, obligándolas a pagar el impuesto a la renta y ordenando el cierre de 151 organizaciones no gubernamentales (ONG) en un movimiento sin precedentes desde las protestas de 2018.
Según una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, la cláusula de la “Ley de Concertación Tributaria” que eximía a estas instituciones de pagar impuestos ha sido derogada por el presidente Daniel Ortega. A partir de ahora, las iglesias deberán pagar impuestos que pueden llegar hasta el 30 % de sus ingresos anuales, dependiendo del monto al final del año fiscal.Además, el gobierno ha cancelado la inscripción de 151 ONG, la mayoría de ellas cámaras de comercio internacionales y sectoriales, pocos días después del cierre de otras 1.500 organizaciones, lo que la oposición en el exilio ha calificado como una arremetida contra la sociedad civil.
Ilegalizó estas organizaciones por incumplimientos a las leyes que las regulan, ya que no reportaron por períodos de entre 1 hasta 35 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas, sostuvo.El Gobierno de Ortega también ha dictado una normativa que obliga a las organizaciones no gubernamentales a trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales. Esta medida se anunció inmediatamente después de que Venezuela aprobara una ley sobre ONG que, según activistas de derechos humanos, “profundizará la persecución” de los críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
Martha Patricia Molina, experta en temas de la iglesia y exiliada en Estados Unidos, manifestó en la red social X que el gobierno intenta “ahogar financieramente a la iglesia para que caiga por su propio peso”. Añadió que “ahora toda iglesia independientemente de su denominación deberá pagar impuesto”.Fueron anuladas la personería jurídica a la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), la Federación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria de Nicaragua, la Asociación Civil Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Alemana, la Cámara de Comercio Franco-Nicaragüense, y la Cámara de Industria y Comercio Italo Nicaragüense.
Además, disolvió la Cámara de Inversiones Coreana Nicaragüense, la Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense, la Cámara de Comercio Panamá Nicaragua, la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Costarricense, la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Uruguaya, y la Cámara de Comercio Industria y Turismo Nicaragüense Ecuatoriana.